Un comunicado de la presidencia de Nicaragua dijo que 12 sacerdotes fueron enviados a Roma el miércoles por la tarde.
Texto: RFI/AFP
Según un comunicado oficial, enviado este miércoles a Roma tras un acuerdo con el Vaticano, doce sacerdotes “están siendo juzgados” en Nicaragua por diversos cargos, la mayoría bajo arresto domiciliario o arresto domiciliario y críticos con el gobierno de Daniel Ortega.
“Se ha llegado a un acuerdo con la ‘Santa Sede’ para el traslado al Vaticano de 12 sacerdotes que fueron juzgados por diversos motivos y que viajaron esta tarde a Roma, Italia”, dice la nota oficial.
El grupo no incluye al obispo Rolando Álvarez, quien ha sido un acérrimo crítico de Ortega y ha preferido la prisión al exilio.
Las comunicaciones oficiales no detallaron los cargos bajo los cuales los sacerdotes estaban siendo juzgados ni especificaron cuántos estaban encarcelados o bajo arresto domiciliario.
Los medios de oposición afirmaron que los sacerdotes eran “presos políticos” y habían sido detenidos por criticar al gobierno o apoyar las protestas de 2018.
Agregaron que dos de los sacerdotes fueron encarcelados en un centro penitenciario en 2022 tras ser condenados por delitos comunes en un “juicio amañado” y que otros religiosos fueron recluidos en celdas policiales o bajo arresto “domiciliario”. la Iglesia
Las relaciones entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioraron en medio de violentas protestas de 2018 contra Ortega, que duraron al menos tres meses con bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre oposición y partidarios del gobierno y dejaron más de 300 muertos, según Naciones Unidas.
El gobierno considera las protestas un intento de golpe de Estado promovido por Washington, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, así como organizaciones internacionales, lo han acusado de reprimir a la oposición.
Muchos religiosos han recibido la orden de abandonar el país o han sido acusados ante los tribunales, como Álvarez, obispo de Matagalpa, que fue condenado a 26 años y cuatro meses el 10 de febrero por cargos de difusión de noticias falsas y blasfemia, entre otros.
Un día antes, Bishop se negó a viajar a Estados Unidos con 222 disidentes encarcelados deportados del país. Fue despojado de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos civiles para siempre, siendo designado “traidor a la patria”.
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Tensiones entre Nicaragua y el Vaticano
El caso de Álvarez es uno de los temas que ha provocado tensiones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde del colapso.
El Papa Francisco calificó el gobierno de Ortega de “dictadura grosera” a principios de marzo, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nicaragua sostuvo que había propuesto la “suspensión de las relaciones diplomáticas” con la Santa Sede.
Marcel Diouf, encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, abandonó el país el 17 de marzo. El año pasado, Ortega despidió al nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag.
En agosto, Nicaragua revocó la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús y confiscó la Universidad Jesuita de Managua, así como una residencia para sacerdotes adyacente al campus, bajo cargos de “terrorismo”.
El acuerdo anunciado este miércoles con la Iglesia católica “representa el deseo y el compromiso permanente de encontrar una solución, el reconocimiento y el estímulo de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que son mayoría”, añadió el Gobierno.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno de Nicaragua por sus acciones contra la oposición.
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