Caracas Al Dia
En el marco del 25 aniversario de la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos #HRC53 realizó un evento paralelo “La situación en el espacio civil en Venezuela”, donde defensores de derechos humanos y el asesor de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de defensores, sus puntos de vista en el contexto de los riesgos que enfrenta la sociedad civil venezolana compartida
El panel abrió con información de Marco Antonio Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social sobre el auge de las protestas sociales. “En los primeros cinco meses del año se registraron 3.900 protestas pacíficas en Venezuela. El 86% de los cuales se produce con necesidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La otra parte de la protesta la protagonizan sindicatos y dirigentes sindicales que salen a las calles para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, en especial salarios justos. El salario mínimo de los trabajadores y pensionados en Venezuela no supera los 5 dólares mensuales.
Las protestas y el no alineamiento público no han cesado como quiere mostrar el gobierno nacional en su discurso internacional. “La respuesta del Estado venezolano no ha solucionado los problemas del pueblo, sino que continúa con la política de represión contra la sociedad civil. En 2023 se reportaron 74 protestas restringidas en el país.
Valentina Ballesta, investigadora sudamericana de Amnistía Internacional, dijo que la represión a la disidencia, el uso excesivo de la fuerza, la tortura en los centros de detención y muchas otras condiciones que podrían representar crímenes de lesa humanidad siguen vigentes en Venezuela.
“El gobierno venezolano trata de difundir una narrativa de normalización y arreglo de la situación del país, pero lo cierto es que hay más riesgos y más opresión contra quienes reclaman derechos. La asfixia del espacio civil en Venezuela provocará reacciones para entorpecer la búsqueda de justicia y reivindicación de derechos”.
Amnistía Internacional ha advertido que las autoridades venezolanas suelen utilizar detenciones arbitrarias para desmantelar o inutilizar focos de protesta social. Estas detenciones pueden ocurrir en el marco de protestas, o contra quienes las convocan y organizan.
Para Michael Phoenix, del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores, el Estado venezolano parece haber desarrollado medidas de hostigamiento contra los defensores y limitado su trabajo.
“Hemos hablado con más de 30 defensores venezolanos y nos preocupa su testimonio de agresiones y persecución. Observamos altos niveles de inseguridad, riesgo y violencia, particularmente contra las mujeres defensoras y los defensores de las comunidades indígenas a raíz de las operaciones mineras”.
“El gobierno venezolano está avanzando en al menos 3 proyectos de ley que asfixiarán a las organizaciones de derechos humanos del país”, advirtió Phoenix.
El debilitamiento del estado de derecho, en especial la garantía de la independencia del poder judicial, se ha convertido en otro agente ofensivo contra las personas defensoras de derechos humanos. Según Carlos Lusverti de la Comisión Internacional de Juristas, “el sistema judicial venezolano es incapaz de proteger al pueblo, más bien se prestan a juicios arbitrarios”.
“El sistema judicial venezolano ha sido utilizado para hostigar y atacar a las personas defensoras de derechos. Los jueces y magistrados no tienen las calificaciones necesarias para el desempeño de sus cargos y por instrucciones, a cualquier costo, pueden dictarse sentencias injustas”.
El Centro Defensores y Justicia reconoce que a medida que se profundiza la criminalización de derechos, diversos mecanismos internacionales abogan por investigar las violaciones y pedir el cese de la persecución y represión de las protestas.
“La misión investigadora advierte que el gobierno de Venezuela está utilizando el argumento del enemigo para criminalizar a los percibidos como disidentes, aplicándolo para atacar a la sociedad civil”, dijo Mariana Romero del Centro Defensores y Justicia.
Y agregó: “Nos preocupa que el Estado no tenga intención de cumplir con sus compromisos internacionales y siga cerrando el espacio civil con medidas represivas y leyes restrictivas”.
En los últimos cinco meses, el Centro Defensores y Justicia ha documentado 288 ataques a la defensa y promoción de los derechos humanos, representados por amenazas, hostigamientos, hostigamientos, ataques digitales y promoción de leyes restrictivas.
De igual forma, Rigoberto Lobo de Promedehum, destacó que el Estado venezolano estigmatiza y criminaliza las actividades de las ONG e incumple el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Explicó las dificultades que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para obtener registros y actualizaciones normativas para seguir operando en el país.
“Al menos el 28% de las ONG en Venezuela no están debidamente registradas; Mientras que el 54% de los registrados tienen problemas para actualizar su junta directiva y validar sus documentos internos”.
Asimismo, deploró que las organizaciones que ejecutan la ayuda humanitaria sean atacadas y obstruidas su labor por parte de funcionarios del Estado venezolano. Los insumos que proporcionan a las comunidades a menudo se retienen.
En el caso de Javier Tarazona, director de la ONG humanitaria Fundarades, quien cumplirá 2 años de detención arbitraria en julio de 2023. Previo a su detención ilegal, Tarazona denunció persecución, amenazas y hostigamiento en su contra, sus familiares y su equipo de trabajo.
Recientemente, Amnistía Internacional alertó sobre el cierre del espacio cívico en la región y llamó a poner fin a las políticas represivas para atender las necesidades sociales de la población.
La organización mantiene y recuerda a la comunidad internacional la urgente necesidad de contar con mecanismos de rendición de cuentas imparciales e independientes para acabar con la impunidad de estos hechos y otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, como única medida encaminada a evitar que estos hechos se repitan. . Por lo tanto, recomienda:
• Apoyar las actividades de la misión internacional e independiente para determinar la verdad en Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (MIIDH);
• Instar al gobierno de Nicolás Maduro a que permita al MIIDH implementar el mandato otorgado por el Consejo de Derechos Humanos, y extender invitación y/o aceptar las solicitudes dirigidas.
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