Propietarios de máquinas de votación y software de conteo electrónico con los que se celebran elecciones en Venezuela, y un documento confidencial de la unidad antilavado de Aragontina alerta sobre “triangulación de fondos (por EX Clé). A través de terceros países sin justificación económica aparente»
Infobae Argentina ha accedido a un informe de inteligencia de la Unidad Argentina Antilavado (UIF) que revela el movimiento de millones de dólares desde el exterior por parte de la firma argentina XClay, encargada de brindar la plataforma tecnológica para las elecciones venezolanas.
La investigación de Infobae dice que la detección de montos “importantes” de operaciones que salían de Venezuela y pasaban por las cuentas de la firma en bancos de Uruguay y Estados Unidos encendió las alarmas de la unidad antilavado de dinero de Argentina.
Las máquinas de votación y el software de conteo electrónico con el que se realizan las elecciones en Venezuela son propiedad de Xcl. El pasado domingo 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales, pero hasta hoy no ha publicado el acta electoral y la oposición asegura que su candidato, Edmundo González, fue quien obtuvo la mayor cantidad de votos.
El análisis de inteligencia financiera se basa en 2019 y diversas fuentes documentales y enumera los contratos de empresas prestadoras de servicios informáticos en Venezuela, así como negocios con organismos nacionales y provinciales en Argentina. Entre ellos destaca el contrato con el Consejo Nacional Electoral, su principal cliente.
El documento confidencial de la UIF advierte sobre “triangulación de fondos a través de terceros países sin aparente fundamento económico (por EX Clé)” y “transferencias al exterior cuyo destino puede ser dudoso”.
Además, “hay un historial negativo registrado por algunos funcionarios (venezolanos) que firmaron el contrato”, explica Infobey, y el hecho de que gran parte del contrato ejecutado por el Estado venezolano fue ejecutado directamente, a pesar de la cantidad involucrada y la relevancia de los servicios contratados. A los acontecimientos de las elecciones regionales venezolanas de 2017 se sumaron supuestos relacionados con la transparencia, todo lo cual “permite que la operación Ex Clé sea considerada sospechosa en virtud de la Ley N° 25.246” de lavado de dinero.
El informe de inteligencia es parte de un documento filtrado anónimamente por la UIF de Argentina que desató una investigación periodística liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Infobae. La serie de notas reveló los tratos de empresarios argentinos con el gobierno venezolano, a través de un fideicomiso bilateral entre ambos países firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez, ocultando el pago de sobornos a funcionarios venezolanos.
Ex Clé se dedica al desarrollo de software y venta de equipos, y brinda servicios de biometría, finanzas digitales, automatización electoral y digitalización de documentos. Sus principales clientes fueron y siguen siendo agencias gubernamentales de Venezuela y Argentina. Con una treintena de empleados informados, su sede está ubicada en el quinto piso de un edificio de la calle Paraguay N° 1896, en el centro de Buenos Aires. Según informa en su sitio web, cuenta con oficinas en el Municipio Sucre, Caracas (Venezuela) y el Barrio Carmelitas, Asunción (Paraguay).
Negocios y Elecciones en Venezuela
Ex Cli abrió su primera oficina en Venezuela en 2004, y en 2009 recibió el encargo del alcalde del municipio Libertador de Caracas para implementar el sistema de recaudación de impuestos.
En 2011, Ex Clé recibió el encargo del Consejo Nacional Electoral (CNE) de implementar un sistema de autenticación de identidad biométrica para los votantes, actualizando la plataforma de votación automatizada para las elecciones del próximo año en Venezuela. Se trataba de verificar la identidad de 19 millones de votantes y el importe del contrato era de 11,1 millones de dólares, que debían pagarse a “un banco internacional líder”.
Fue el comienzo de una serie de acuerdos fructíferos con el organismo electoral, que vieron a la empresa y a dos de sus directores sancionados por Estados Unidos en 2020 por “apoyo prestado al régimen ilegítimo de Maduro durante elecciones fraudulentas”. 6 de diciembre de ese año.
El sistema se utilizó por primera vez en las elecciones presidenciales de octubre de 2012 en Venezuela, las últimas en las que participó y ganó el fallecido presidente Hugo Chávez. Se volvió a utilizar en las elecciones de abril del año siguiente, que dieron la victoria a Maduro sobre Henrique Capriles.
En 2014, Ex Clé firmó un nuevo contrato por otros 1.176.000 dólares para el “Proyecto Plataforma Integrada de Autenticación Ciudadana (PIAC)”. Dos años después, la firma fue contratada por el Instituto de Estudios Superiores del Poder Electoral de la Fundación, también dependiente del CNE, lo que le permitió cobrar otros 286.700 dólares por los mismos servicios de “verificación biométrica y soporte técnico” en esa plataforma. Según documentos de la UIF, el contrato detallado de Ex Clé con el Consejo Nacional Electoral ascendía, a 2016, a USD 21.443.540.
La expansión de sus negocios con el régimen chavista llevó a la empresa a establecer una filial en Venezuela en mayo de 2016 llamada Ex Clé Soluciones Biometricas CA. Sus accionistas eran el presidente argentino de la firma, Guillermo San Agustín, que poseía el 99%, y el venezolano Marcos Javier Machado Requena, que poseía el 1% restante. Ya instalada en el país caribeño, la firma desarrolló BioPos, un sistema de pago con huella digital en los comercios venezolanos.
En las elecciones regionales de octubre de 2017, denunciadas como “fraudulentas” por la oposición venezolana, X Clay sustituyó a la firma británica Smartmatic como proveedora de las máquinas de votación y de la plataforma técnica del Consejo Nacional Electoral. Hasta entonces, Smartmatic se encargaba del software y hardware de votación, y Ex Clé se encargaba de la identificación biométrica para verificar a los ciudadanos mientras votaban.
Luego de las elecciones previas de julio de 2017 para las elecciones, Smartmatic denunció la manipulación de los resultados del gobierno venezolano, tras detectar una diferencia de más de un millón de votos entre el CNE y el sistema firme, lo que le llevó a cortar relaciones contractuales con el chavista. régimen.
Solo en 2017, el ex Garra cobró cuatro órdenes de servicio por 70 millones de euros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, según informes de la unidad antilavado de Argentina. “Por un lado, es interesante la moneda fijada en este tipo de contratos, ya que habitualmente se fija el dólar estadounidense como moneda de pago en este tipo de transacciones. De hecho, todos los contratos anteriores firmados por la firma con entidades públicas venezolanas, incluida la propia CNE (con el que está vinculado desde 2011), estaba en dólares”, advirtió el informe de la UIF de 25 páginas. Estos dos pedidos fueron cargados por el ex Cle a una cuenta del Banco Bandes Uruguay SA en Montevideo.
Las elecciones regionales de 2017 fueron criticadas por la oposición venezolana por su falta de transparencia (AFP).
En ese momento, la presidenta del CNE era Lucena Ramírez de TBS, quien había firmado contrato con X Cle. Lucena Ramírez fue agregada a la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en julio de 2017, junto con otros 12 funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros registra los nombres de personas y empresas acusadas de participar en esquemas de lavado de dinero.
Infobae Llamó en repetidas ocasiones al teléfono de la oficina de Buenos Aires que aparece en el sitio web de Ex Clé, sin que nadie respondiera. Intentó contactar con la empresa y varios de sus directivos vía correo electrónico y un mensaje al celular de uno de ellos, sin respuesta.
Una investigación realizada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, titulada “El voto es confidencial, no tus datos”, publicada en agosto de 2018, reveló las direcciones y teléfonos de ex empresas de arcilla de ese país. “No llevaron a ninguna parte”. También identificó que, en su momento, la firma figuraba en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como “inelegibles para contratar con el Estado y sin residencia en Venezuela”.
Como pudo comprobar InfobaeEx Clé recién apareció como inscrito en el Registro Nacional de Contratistas hasta junio de 2021.
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