La ley aprobada por Perú, que entró en vigor el 10 de agosto, deroga el proceso por presuntos crímenes cometidos durante el conflicto interno, o “guerra contra el terrorismo”, que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.0
El gobierno de Perú aprobó una ley que prohíbe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra la guerrilla. La iniciativa beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares sometidos a juicio.
La ley fue publicada en el Diario Oficial el viernes 9 de agosto, luego de que el gobierno decidiera no cumplirla, en medio del rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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El texto desestima el proceso por presuntos crímenes cometidos durante los conflictos internos o la “guerra contra el terrorismo”, que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.
Según las normas, “nadie será juzgado, ni condenado, por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos antes del 1 de julio de 2002”, cuando entró en vigor en el Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
“Ningún incidente puede ser clasificado como crimen contra la humanidad o crimen de guerra antes de dicha fecha”, subraya la ley, que entró en vigor el 10 de agosto.
Según las autoridades peruanas, la ley especifica la aplicación y alcance de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación local.
El Gobierno de Dina Bouluart rechazó la idea de que se tratara de una amnistía secreta o “ley de impunidad”, como sugirieron grupos de derechos humanos y familiares de víctimas del genocidio cometido por el ejército entre 1980 y 2000.
“La disputa radica en que lo que dice el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Ambigüedad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad sólo aplica para el Perú después de la publicación de la ley. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación inmediata de la ley penal, no es cierto que el ideal promueva la impunidad”, afirmó el miércoles el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén.
Promovida por la mayoría de derecha que controla el parlamento unicameral, la ley permitiría la prescripción automática de cerca de 600 casos de presuntos crímenes de guerra investigados durante tres décadas, anunció la fiscalía.
Perú reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional, que quedó facultada para intervenir en los crímenes de guerra y de lesa humanidad más graves cometidos después de 2002, cuando entró en vigor en el país el Estatuto de Roma.
Desde julio, la iniciativa ha sido rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido al riesgo de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de fuerzas estatales identificadas en las décadas de 1980 y 1990.
Entre otros, la ley beneficia al expresidente Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión en 2009 por ordenar dos genocidios llevados a cabo por militares en 1991 y 1992.
El expresidente de 86 años salió de prisión al amparo de una amnistía humanitaria el 7 de diciembre de 2023, pese a las objeciones del Sistema de Justicia Interamericano. Estuvo encarcelado durante 16 años.
Rechazo de las Naciones Unidas
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el viernes que el Congreso de Perú aprobó el proyecto de ley, que según él va en contra del derecho internacional.
“Me entristece profundamente que esta ley entre en vigor en Perú”, anunció Volker Turk en un comunicado. Según Turk, “la ley viola las obligaciones del país según el derecho internacional y es un hecho preocupante en el contexto más amplio de los derechos humanos y el Estado de derecho en el Perú”.
“Los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra son las violaciones más graves del derecho internacional y no deberían estar sujetos a amnistía ni prescripción”, señaló.
El Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, estipula que los crímenes más graves no prescriben.
“La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cualquiera que sea su comisión, pone en riesgo los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en el Perú”, afirmó Turk.
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