Crónica Uno consultó con varias organizaciones venezolanas sobre el impacto en la sociedad civil de la implementación de la ley antiONG, que sólo falta publicar en el diario oficial antes de su implementación.
Caracas. su aprobación Ley para la supervisión, regularización, desempeño y financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organismos afinesMás conocida como la ley antiONG, ha generado temores entre activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela quienes advirtieron que se trata de una ley regresiva que restringe la libertad de asociación.
El derecho de asociación está consagrado en el art. 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos Y, hace más de un año, cuando la Asamblea Nacional elaboró este instrumento legal, no sólo se pronunció la sociedad civil venezolana, sino también organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha expresado dificultades para aprobar esta norma.
Crónica. Uno Líderes de organizaciones venezolanas que trabajan en diferentes áreas fueron consultados sobre el temor que genera en su trabajo y en los beneficiarios del trabajo de estas ONG la inminente implementación de esta ley, y estas fueron sus respuestas verbales:
¿Qué significa la aprobación de ley antiONG?
Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia
Desde el punto de vista de Daniels, lo que busca la legislación anti-ONG, tal como ya lo ha hecho con los partidos políticos, es una sociedad civil tranquila, dócil y sin complicaciones.
“Lo que se busca es silenciar las voces asociadas a la opinión independiente, crítica y, sobre todo, a las denuncias de derechos humanos”.
El experto ve la aprobación de la ley por parte de la mayoría chavista en el poder legislativo como una nueva fase en la ola represiva que enfrenta el país. “Va a dificultar mucho el ejercicio de la libertad de asociación en general, no sólo para las organizaciones de derechos humanos, sino para todos, impone una limitación que dificulta el ejercicio de la libertad de asociación”.
El abogado recuerda que la ley también establece una serie de sanciones, algunas discrecionales, como la medida preventiva de suspensión que posibilita el cierre indefinido de una organización.
“Lo que quiere es crear una sociedad civil utilitaria, de modo que sólo se legalicen aquellas organizaciones que el gobierno considere contraproducentes o críticas”.
Carlos Correa, Director de Espacios Públicos
El periodista calificó la ley como “profundamente regresiva” y tiene como característica que obliga a prácticamente todas las asociaciones cívicas del país, de cualquier tipo y naturaleza, a volver a registrarse y, luego de cumplir con estos requisitos de registro, hacerlo. Pasar por la aprobación de un organismo regulador que es el Ministerio del Interior y de Justicia.”
Además, la Ley establece categorías que son muy generales en relación con ciertos tipos de restricciones de categorías. Así, por ejemplo, si una organización de un grupo considera que es importante promover el pensamiento liberal, no puede registrarse porque, según la ley, es inaceptable que exista este tipo de organizaciones en Venezuela.
Por otro lado, agregó, obliga a las organizaciones de toda la sociedad a reabrir sus registros y tiene un impacto negativo muy fuerte en la vida colaborativa del país porque, además, establece requisitos adicionales que complican el trabajo de diversas organizaciones. Y la sociedad civil es dura.
Cristina Burrelli, fundadora de SOS Orinoco
SOS Orinoco, desde su fundación en 2018, ha tomado las medidas necesarias para poder documentar y condenar el ecocidio cometido por el “régimen ilegítimo y criminal de Nicolás Maduro”. Portavoces de las ONG dijeron estar alertas y muy conscientes de que se trata de un “régimen que no respeta la constitución ni las leyes” de Venezuela.
“Esta ley anti-ONG es otro abuso de un régimen ilegítimo, para el cual las leyes y los derechos de los ciudadanos no son importantes ni respetados. “Este es un ejemplo más de su carácter arbitrario y despótico”.
Carlos Trapani, Coordinador General de Secodap
Esta ley aprobada representa una violación al derecho de asociación que tienen todos los ciudadanos, señaló Trapani.
La Constitución permite, protege y reconoce la posibilidad de que los ciudadanos puedan asociarse con fines legítimos y esta Ley presenta un obstáculo importante al ejercicio de este derecho. Sobre todo, porque no está claro, hay un alto margen de discrecionalidad e impone regulaciones con una vaguedad que reduce la seguridad jurídica y la discrecionalidad sobre la autorización o no de una organización, su existencia o el alcance de sus actividades.
Estas restricciones administrativas pueden tener un impacto muy negativo en los programas y limitar el desempeño de las organizaciones y, sin duda, afectarán a la población que se beneficia de estas actividades.
En el caso de los niños que reciben atención mental y emocional, asesoramiento jurídico y apoyo educativo o programas especiales de formación para prevenir la violencia, advirtió que “todas estas actividades se ven amenazadas si la ley se aplica en las condiciones previstas”.
¿Cuál es el mayor temor de las organizaciones tras la aprobación de la ley antiONG?
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal
“Básicamente, nos abstenemos de brindar asistencia a las víctimas de abusos contra los derechos humanos, la asistencia gratuita que brindamos”, dijo Himeob.
El defensor de derechos humanos puso como ejemplo el reciente contexto de protestas tras las elecciones del 28 de julio. “Si se hace un perfil de las personas, por ejemplo, que han sido detenidas desde el 29 de julio en el contexto postelectoral hasta ahora, la mayoría de estas personas, el 98% de ellas, son muy humildes, de bajos ingresos” que no tienen “Los medios financieros para depender de guardias privados. Por lo tanto, el ataque dejará a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos indefensas y a merced de los funcionarios del gobierno.”
Marco Ruiz, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
Para el periodista, lo más preocupante es la desprotección en la que las víctimas son “periodistas y periodistas en nuestro caso”.
La ley establece mecanismos que promueven la práctica de los derechos humanos encaminados a inhabilitar a las organizaciones y proteger a aquellas cuyos derechos son vulnerados.
Otro temor que expresó Ruiz fue perder la esperanza de justicia. “Sin organizaciones que representen y protejan a las víctimas, la impunidad será más normal”.
Por último, los activistas también temen la persecución de los defensores y un aumento de los litigios.
Organización para la protección de los derechos LGBTIQ+
Como organizaciones de la sociedad civil, las llamadas leyes antisociales, coinciden, los dejan “desprotegidos y a merced de la homofobia estatal justificada mediante una ley inconstitucional” y contraria al derecho de asociación y participación cívica.
“La población LGBTIQ+ enfrenta diversos desafíos en Venezuela: discursos de odio por parte de funcionarios y ausencia de protección por parte de las instituciones, criminalización de las comunidades, ausencia de derechos, etc. Por lo tanto, las organizaciones que luchan por sus derechos eran el único lugar seguro para ellos.”
Activistas enfatizaron que “la confianza de la población LGBTIQ+ está en nosotros, a través de sus expresiones de información, necesidades e incluso su ayuda frente a un sistema que discrimina, excluye, violentamente y no responde a las demandas de esta comunidad”. -ser.”
Por ello, consideran que la Ley faculta al Estado y sus funcionarios a actuar de manera discrecional para seleccionar, evaluar, intervenir y desmantelar organizaciones de la sociedad civil. Lo cual calificaron de absurdo.
“Esta es una bomba de tiempo para aquellos de nosotros que hemos sido un muro de contención entre la homosexualidad en el estado y la gente de nuestra comunidad”.
En nuestra opinión, el daño que va a causar este acto es enorme. “No sólo reduciremos el espacio cívico de maneras más asfixiantes, sino que también dejaremos a nuestra población vulnerable y entregaremos su información personal y privada a quienes sabemos que la utilizarán en futuras acciones que dañen su dignidad”.
Sin embargo, insisten en que seguirán resistiendo, a través de su trabajo, sin exponerse pero sin abandonar a los necesitados.
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