Familiares de presos políticos detenidos tras allanamientos por protestar por resultados electorales denunciaron al Ministerio Público que fueron sometidos a tratos humillantes y tortura emocional cuando visitaban a sus familiares.
Caracas. Vestidos con camisetas blancas con fotografías de sus familiares, detenidos tras un operativo por las protestas postelectorales, un grupo de al menos 30 personas hacía fila frente al Ministerio Público.
También tienen cartas separadas pidiendo la libertad de sus seres queridos, así como denuncias que describen las condiciones de abuso físico y mental perpetradas contra los detenidos en las cárceles de Tocorón, Toquito y Yare III durante cuatro meses.
La escritura, además del testimonio, incluye la esperanza de que algunos fiscales consideren documentos grabados dentro de la oficina de la entidad.
No son los primeros, ya que el Comité para la Libertad de los Presos Políticos señala que tres documentos aportados en los últimos tres meses permanecen en la oficina del ministerio. No se recibió respuesta de ninguno de ellos.
“Ya no pueden darse el lujo de revisar un documento más o un protocolo más. Se están muriendo de hambre”, lamentó el padre Emer Sirit, un prisionero de 25 años en Tokron.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), sostiene que no existe autonomía de poder en Venezuela.
“La Defensoría del Pueblo no vela por los derechos humanos de los privados de libertad, el Ministerio Público no investiga a ningún funcionario público a través de su Dirección de Derechos Fundamentales. La investigación es sólo contra el prisionero y sus familiares”, dijo.
cara oculta
Numerosos familiares de diferentes estados del país acudieron a la concentración, cubriéndose el rostro con pañuelos blancos, en la sede del Ministerio el lunes 9 de diciembre, para presentar denuncias individuales y otra colectiva.
una madre dijo Crónica. Uno La decisión se tomó para evitar que las autoridades identificaran a quienes protestaron para exigir la liberación de los detenidos.
“Hay mujeres aquí, que aparecen ante las cámaras, que hacen tiktoks, que siguen testificando”, dijo Ángel Castro, director del Centro Penitenciario Yare III, a las madres que asistieron a una visita.
El proceso de búsqueda siempre resultó incómodo para la madre, quien tuvo que trasladarse desde Maracaibo a San Francisco de Yare (estado Miranda) para estar más cerca de su hijo. Sin embargo, el último fue el más “aterrador” que jamás había experimentado.
“Cuélgate de la pared, abre las piernas y abre los labios”, ordenó un guardia que comenzó a iluminarla con una linterna y la cámara de un teléfono celular.
El oficial le pidió que abriera más las piernas, a lo que él respondió que no podía más: “Ábrelas” fue su única respuesta.
Sin parar de llorar, le detalla la madre, el último registro significa una violación sin penetración, que nunca olvidará, ni la cara de “enfermo” del guardia.
“No tienen que tocarnos para violarnos”, añadió la mujer que tuvo que repetir el proceso de proyección, aunque ya lo había hecho, cuando el director, Ángel Castro, entró en la sala con las mujeres desnudas.
Sin parar de llorar, le detalla la madre, el último registro significa una violación sin penetración, que nunca olvidará, ni la cara de “enfermo” del guardia. También le tiraron bruscamente del pelo, pese a advertirle que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), por lo que debía tener cuidado.
La directora del OVP explicó que la política estatal de intimidación, intimidación y creación de miedo entre los familiares con la intención de limitar la radicalización de las mujeres, el derecho a la información y la protesta luego de asistir a varios eventos públicos.
Él dice estas cosas Los registros constituyen una “grave violación” del derecho a la dignidad. y se utiliza para intimidar, acosar, discriminar y tomar represalias contra las mujeres por hablar con los medios de comunicación.
Crueldad
Para las familiares femeninas, que sólo pudieron ingresar a varias cárceles durante las visitas, las acusaciones e insultos que recibieron durante el registro fueron parte de un trato que ninguna persona debería vivir.
“Nos están tratando como a las madres de los peores criminales de Venezuela”, dijo la mujer de 46 años.
Otra madre, cuyo hijo está en Tokran, informa que la invitaron a unirse a la gira el mismo día que trasladaron a su hijo.
“Me llamaron para informarme del cambio de inspección para que tuviera el paquete en la mano y vieran cómo lo tomaban”, lamentó.
Consideran que el Gobierno está jugando al “descontento” con las familias, que han tenido que desplazarse de sus residencias en varias ocasiones, ya que hay personas que han sido trasladadas hasta en tres ocasiones a centros penitenciarios, en su mayoría lejanos. Del lugar de arresto.
fe en la vida
“Patea así que no verás a tu hijo”, fue la respuesta de Isabel Ramírez, madre de Carlos Eduardo Vallicillos, quien intentó quitarse la vida en los últimos días en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón.
El director del centro insistió en que Vallisillos no había intentado suicidarse y sólo se encontraba en la enfermería por otros motivos.
“Quiero saber que está bien y que está libre. “Él no es un terrorista ni le dieron nada”, dijo Ma directamente al gobernante Nicolás Maduro.
Durante su última visita, el 6 de diciembre, la madre recuerda que su hijo, que trabajaba como mecánico de automóviles y mototaxista, se veía pálido y apático.
“Mamá, no puedo más, no quiero vivir más. “No puedo disfrutar de mi hijo”, dijo Carlos Eduardo, cuya separación de su hijo de ocho años lo ha afectado desde su arresto el 29 de julio.
Por ello, solicitó que su hijo recibiera ayuda psicológica.
“Estaba muy apegado a su hijo. Incluso me acosté con él. El niño le escribía cartas. Al final le dijo que se estaba portando bien y que lo estaba esperando en casa”, dice.
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