Los 14 países también pidieron que no se ponga en peligro “la vida, la libertad o la integridad personal” de los seis solicitantes de asilo y pidieron a Venezuela que reafirme su compromiso con la protección de los derechos humanos.
Ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el representante de Paraguay, Raúl Florentín, leyó un comunicado, apoyado por otros 13 países, en el que señala que el Consejo Permanente debe actuar con firmeza y unidad para garantizar el paso seguro de los seis partidos de oposición. Se refugió en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas.
Los países que permiten a estas personas salir de sus embajadas sin ser detenidos son: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, Paraguay y Uruguay.
Exigieron que el gobierno de Venezuela “en estricto cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional aceptadas por ese país, proceda de inmediato a brindar el salvoconducto necesario para permitir la salida segura, digna y sin restricciones de los seis nacionales venezolanos que gozan de asilo diplomático”. Reafirmar su compromiso con una zona segura y con la protección de los derechos humanos.
Pidieron que no se ponga en peligro “la vida, la libertad o la integridad personal” de estos seis opositores.
El comunicado conjunto fue presentado el miércoles 11 de diciembre durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar el tema de los solicitantes de asilo en la Embajada Argentina.
El representante de Paraguay recordó que opositores en la embajada fueron hostigados, hecho que, según afirmó, se agravó con el paso del día y la expulsión del personal diplomático argentino. Enumeró que quienes permanecen protegidos están sufriendo cortes de energía y agua, acceso a alimentos y agua, recalcando que estas acciones “Representan situaciones de peligro inminente para su vida e integridad personal” y destacó “que estos actos de acoso y bloqueo constituyen claras violaciones del derecho internacional, en particular de los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena”.
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