Una propuesta del extremista Partido Republicano de incluir un artículo en el proyecto de constitución que otorgaría a los presos mayores de 75 años el beneficio de arresto domiciliario causó hoy profundo malestar en Chile.
Organizaciones humanitarias y organizaciones de víctimas de la persecución durante la dictadura militar (1973-1990) aseguran que detrás de una iniciativa ostensiblemente humanitaria, se pretende liberar a los condenados por los graves delitos cometidos durante esos años.
La Vicepresidencia de Derechos Humanos del Partido Socialista de Chile ha manifestado su rechazo a la estrategia clandestina de impunidad presentada por los republicanos ante el Consejo Constitucional este viernes.
Tienen por objeto eludir la exigencia del cumplimiento efectivo de los compromisos estatales y las sanciones impuestas para perseguir todos los crímenes de lesa humanidad.
Aunque muchas atrocidades, como secuestros, torturas y asesinatos siguen impunes, se logró intentar capturar a un grupo de exmilitares y agentes del régimen de Augusto Pinochet, varios de los cuales se encuentran recluidos en el penal de Punta Puco.
El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, dijo que la propuesta busca liberar y enviar a casa a los condenados por delitos graves que no declaran o no son amnistiables.
Chile tiene actualmente más de 50.000 presos, y solo 265 de ellos tienen más de 75 años, incluidos 153 condenados por crímenes de lesa humanidad.
De aprobarse la propuesta, algo muy probable por la mayoría de los republicanos en el Consejo Constitucional, dijo Cordero, se afectaría el derecho internacional y los tratados suscritos y ratificados por Chile en la materia.
Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, advirtió que se trata de una forma encubierta de liberar a los delincuentes y de burlarse de la lucha de los familiares de las víctimas y de todos los simpatizantes de su causa.
