con una espátula
Se ordenó a Caribbean Petroleum Refinery Holdings (CPR) que pague más de $8 millones a Curacao Refinery Utilities (CRU), el operador del tanque de almacenamiento Bullenby.
Adicionalmente, la empresa deberá realizar pagos mensuales de más de $170,000 a partir del 16 de julio, siempre y cuando el tanque actual esté en uso.
El tribunal de Willemstad emitió la decisión en un procedimiento sumario el martes 8 de agosto.
La empresa CPR estaba encabezada por los venezolanos Raúl Ignacio Socorro Herrera, Javier Hernández y Luis Giusti, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La empresa quería operar la refinería Isla, ubicada en Curaçao y propiedad de la estatal Refineria de Curaçao (RDK). Sin embargo, en medio del proceso de licitación, se descubrió que CPR había presentado documentos falsos.
El tribunal determinó que ningún acreedor estaba en mora y que los argumentos de CPR sobre tanques defectuosos y circunstancias imprevistas no eran válidos. El incumplimiento del acreedor es un término legal que se refiere a una situación en la que un acreedor, que espera el pago o la ejecución, no cumple con sus propias obligaciones.
Además, el tribunal concedió la pretensión con base en el acuerdo de cooperación, ya que la defensa de CPR no estaba suficientemente probada. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el tribunal honró sustancialmente el reclamo de CRU y falló en contra de CPR, por lo que no cumplió con el pago y los costos legales.
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