Las demandas contra los activos de Citigo Petroleum desde las confiscaciones bajo el gobierno de Hugo Chávez han superado los $ 20 mil millones y han dificultado que la refinería con sede en Houston, Texas, pague toda su compensación, dijo el miércoles el jefe de la junta de supervisión de la compañía.
Sin embargo, se podrían negociar algunos pagos, dijo Horacio Medina, jefe de la junta que supervisa la refinería desde 2019, a la agencia de noticias británica Reuters, citando una batalla legal prolongada que podría dividir la séptima refinería más grande de EE. UU.
“Citgo (ahora) puede sentarse con los acreedores para ofrecer opciones de negociación”, dijo Medina durante una conferencia en línea sobre la industria petrolera de Venezuela.
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La compañía, que ha roto los lazos con su matriz venezolana Pdvsa, registró una ganancia neta de $937 millones en el primer trimestre gracias a la fuerte demanda de combustible de EE. UU., la producción y los márgenes de refinación, y una ganancia récord de $2,800 millones el año pasado.
“Ya tenemos 21.000 millones de dólares (en reclamaciones) en fila”, dijo, comparando los activos de Citgo, incluida su red de refinación de 769.000 barriles por día, con unos 11.000 millones de dólares.
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El caso más relevante, presentado por la empresa minera Crystallex International, ha avanzado recientemente en un tribunal de Delaware. Un número creciente de empresas quiere unirse a la demanda y participar en una posible subasta de acciones.
Si Citgo Holdings, la empresa matriz de Citgo en los EE. UU., puede pagar toda su deuda antes de fin de año, la empresa tendrá espacio para nuevo financiamiento y una nueva herramienta para negociar alguna compensación.
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Aún no está claro cuántos de estos reclamos puede resolver la petrolera. Medina resaltó a la agencia que los abogados de Citgo no buscan una subasta, sino negociaciones de pagos privados para evitar la quiebra de uno de los activos extranjeros más importantes de Venezuela.
“Para nosotros es imperativo tener Citigo en nuestras manos”, subrayó.
En mayo, un tribunal de apelaciones de EE. UU. otorgó una suspensión temporal que impedía que seis empresas participaran en una subasta judicial propuesta, lo que le dio a Venezuela poco alivio en su batalla legal.
