con una espátula
“Todo está relacionado con todo”. Esta frase no sólo la utiliza la vicepresidenta Cristina Kirchner en su discurso al relatar acontecimientos y datos de la Argentina. Paradójicamente, quien habló ante la Cámara Federal fue el espía más famoso de la Argentina, Antonio Stiuso, cuando trabajaba para la provincia de Entre Ríos y quien, exigiendo la profundización de la investigación de los dos casos por parte de la Agencia Federal de Inteligencia, inició el 18 de enero de 2015. Hoa observó los movimientos migratorios de Stiuso, mientras el cuerpo aún no descubierto de Alberto Nisman fue encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento. Consultaron los datos del exjefe de contrainteligencia en 38 ocasiones entre ese domingo y el 30 de enero siguiente.
Por Patricia Blanco | Infobae
Los dos imputados por este espionaje, Pablo Pala y Alexis Lesa, dedicados a los servicios informáticos, trabajaron para distintas dependencias públicas de Entre Ríos y trataron de distanciarse del caso al declarar, pero la Cámara Federal, según anunció el jueves Infobey, violó el Ley de Espionaje. Se ha presentado un caso en su contra. Ahora intentamos saber quién está detrás y qué tuvo que ver con la muerte del jefe de la UFI-AMIA. No parece casualidad que el troyano instalado en el celular de Nisman apuntara a la IP (dirección única que identifica un dispositivo en Internet) utilizada para espiar a Stuso y a la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado.
La historia del troyano en el celular de Nisman no es nueva y existe desde el inicio del caso: el jefe de la UFI AMIA quien, antes de morir, denunció al entonces presidente por encubrir el ataque a través de la AMIA. Al firmar el MoU con Irán, su celular tenía malware que no corría porque Nisman tenía un teléfono Android. Una vez activado un troyano, el control del teléfono se comparte: el propietario por un lado y el atacante por el otro Cabe señalar que para el fiscal a cargo de la investigación, Eduardo Taino, el teléfono de Nisman fue manipulado y borrado, pero no se sabe quién lo hizo ni cuándo.
Como parte de la investigación sobre la muerte de Nisman, los investigadores judiciales quisieron saber de dónde surgió el intento de ataque al celular del fiscal. Esto llevó a una dirección en Entre Ríos: una empresa de informática. Esto fue antes de que el caso fuera transferido al Commodore Pi en 2002, donde el caso fue tratado como un asesinato. Nunca progresó desde allí. Pero ahora parece que se han comunicado vínculos dentro de esa empresa informática, y Stiuso y Arroyo son sospechosos de espiar a Salgado.
Desde hace más de dos años, los investigadores del caso Nisman interrogan a más de 70 agentes de la AFI que se encontraban en la zona de Puerto Madero o se comunicaron con otros números telefónicos importantes durante el fin de semana que Nisman se preparaba para su presentación. Lunes 19 de enero para hablar ante el Congreso sobre las acusaciones contra el actual vicepresidente. Se enfrentan al conflicto interno, la duda y el silencio.
La muerte de Nisman no se explica sin mirar la guerra de espías que se libraba en las entrañas de la actual AFI (entonces SI). En diciembre de 2014, Cristina Kirchner despidió a la dirección de la Secretaría de Inteligencia, que consideró eran avances del comodoro Pi contra su gobierno. Así, los números 1 y 2 de la sede del espía -Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher- salieron y fueron reemplazados por el actual viceministro, respectivamente, el actual senador Oscar Parrilli y el magistrado Juan Martín Mena. Unos días después se confirmó la renuncia del director de contrainteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, el espía más famoso del país en ese momento y funcionario que trabajó estrechamente con Nisman.
La investigación sobre la muerte de Nisman no reveló el espionaje a los movimientos de Stiuso y Arroyo Salgado pero sí el 20 de octubre de 2015 una demanda interpuesta por la entonces diputada Laura Alonso y Patricia Bullrich (hoy candidata presidencial). Afirman que están intervenidos los teléfonos de políticos de la oposición, jueces y periodistas. La lista incluía al entonces candidato presidencial Mauricio Macri, el actual jefe de Estado Alberto Fernández y Sergio Massa, entre otros.
La causa fue asignada por sorteo al juez Sebastián Casanello, quien luego fue excusado, y luego recayó en el juez Julián Ercolini. Ercolini es también el juez que interviene en la muerte de Nisman, aunque el caso está asignado a la fiscalía. Sin avances en el despeje de las escuchas telefónicas, el propio Stiuso exigió una investigación más profunda sobre sus solicitudes de datos migratorios y llevó el hilo a Entre Ríos.
Todas las consultas se realizan desde una IP registrada a nombre de Pala, oficina que comparte con Lesa. Para consultas realizadas a la Dirección de Migraciones se utilizó un usuario adscrito a AFI. El agente a cargo se encontraba laborando en la Dirección de Contrainteligencia de la AFI al momento del incidente. Es más: en enero de 2015, cuando le hicieron las sugerencias, se encontraba de vacaciones en Gualeguey, provincia de Entre Ríos.
Cuando fueron a investigar, tanto Pala como Lesa negaron su implicación en los incidentes. Su abogado, Luciano Legasque, dijo este fin de semana a una emisora de radio de Entre Ríos que Pala se dedica a vender “servicios informáticos” como intermediario de ciertos servicios de direcciones de Internet; Y vendió los servicios de iPlan a una empresa de renombre internacional, cuyos servidores fueron buscados para la migración. “Pala no tiene acceso ni control sobre el uso del servicio contratado por parte de los consumidores finales. Ejecute solo como revendedor. Actúa como mediador. Y Lesa se involucra porque Pala proporciona un número de teléfono alternativo, que era el de su amiga. “No tuvieron ninguna participación”. En general, eso fue lo que dijeron los involucrados en sus declaraciones y en sus alegatos ante la fiscalía.
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