En las audiencias, celebradas los días 7 y 8 de noviembre, no se presentaron cargos contra ningún funcionario, pero representantes del Estado, la fiscalía y la oficina de víctimas argumentaron ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Esto podría repetirse en el futuro si se permite que la oficina de Karim Khan continúe con la investigación.
Caracas. Los argumentos a favor y en contra de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continúan investigando crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, que han estado salpicados de insultos y ataques.
Eso es lo que escucharon los jueces de la Sala de Apelaciones del Tribunal, con sede en La Haya, Países Bajos, durante dos sesiones entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre, convocadas para decidir si aceptan la audiencia. Solicitan autoridades venezolanas.
La representación del Estado de Venezuela solicitó que se impida al fiscal Karim Khan continuar la investigación sobre la persecución, tortura, violación y detención arbitraria registradas en el país desde 2014.
Aunque ningún funcionario o exfuncionario fue acusado de violaciones graves de derechos humanos durante la controversia, rara vez fue llevado ante la justicia, ya que esa no era su intención, convirtiéndose el acto en última instancia en un ensayo de lo que podría ser un juicio final. .
Por un lado, el abogado del lado estatal; Y desde la fiscalía y las víctimas, en cambio, presentaron argumentos a los magistrados para convencerlos de que su postura era la correcta. En sus intervenciones, cada uno intentó distorsionar a sus oponentes.
posición oficial
La delegación estatal, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Ivan Gill, insistió en que jueces y fiscales investiguen los abusos ocurridos en el país. Y como prueba, uno de sus abogados aseguró que de 124 casos presentados ante el tribunal, “113 se encuentran en etapa de investigación, se ha logrado identificar a 166 funcionarios gubernamentales como posibles delincuentes, registrándose avances importantes. Hay tres etapas intermedias, es decir, una con denuncia formal; Tres en fase de juicio; y cinco condenas correspondientes a 14 funcionarios gubernamentales.”
Gran parte de la información presentada para demostrar que la justicia interna había hecho su trabajo no fue aceptada y no está claro qué hechos investigó la fiscalía, y funcionarios venezolanos denunciaron el proceso como “político”.
“La remisión (denuncia) presentada por un grupo de estados en 2018 respondió a un claro motivo político. “Hubo un intento de utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela basándose en acusaciones de crímenes contra la humanidad que nunca ocurrieron”, afirmó el canciller.
Tales declaraciones provocaron la ira de la delegación venezolana. “El lenguaje irrespetuoso y las calificaciones tajantes son inadecuados, inadecuados como medio para expresar las opiniones de las partes participantes y no serán reconocidos como argumentos válidos”, afirmó el presidente de la Cámara, Marc Perrin de Brichambaut.
Respuestas y contrarespuestas
La postura de las autoridades venezolanas fue rechazada tanto por la Fiscalía como por la Oficina de Defensa de las Víctimas. Ambos casos llevaron a los magistrados a rechazar la solicitud de Caracas. La Oficina para las Víctimas fue particularmente dura en su comunicado.
“Venezuela no está investigando ni procesando, ni lo hará en el futuro previsible, los crímenes que sufrieron ellos (las víctimas), sus familiares y amigos. Mientras hablamos en Venezuela los crímenes se siguen cometiendo impunemente”, denunció Paulina Masidda, titular de la Oficina de Defensa de las Víctimas.
Por su parte, representantes de la oficina dirigida por el jurista británico Karim Khan reiteraron su criterio. En su alegato denuncian que la investigación realizada por la justicia venezolana es inadecuada. Es decir, no cubren a los potenciales superiores jerárquicos, sino que se limitan a los funcionarios de menor rango. Y, por tanto, su intervención está justificada.
¿Y ahora eso?
Se supo desde el principio que el propósito de estas audiencias no era procesar a nadie. Más bien, fue convocada para abordar un incidente: la solicitud de Venezuela de que se retirara la sanción para que la Fiscalía de la CPI pudiera continuar investigando lo sucedido en el país y buscar justicia para los presuntos responsables.
La decisión de la Cámara de Apelaciones se anunciará en las próximas semanas o meses. Esto puede ir en cuatro direcciones: el juez puede confirmar la decisión de la sala de cuestiones preliminares; anularlo (cancelarlo), modificarlo o enviar el asunto a la Sala de Cuestiones Preliminares para que emita una nueva norma.
El Oficial de Relaciones Exteriores de la CPI, Francisco González Centeno, explicó esto en un video publicado específicamente para el caso de Venezuela.
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