Provia señaló que “es posible que la próxima semana el gobierno solicite una excepción para poder votar nuevamente” en la Asamblea de Estados Partes de la CPI, algo que solicitó el año pasado y le fue concedida.
Venezuela, como Estado miembro, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una deuda por 13,4 millones de euros, que podría impedir el derecho de voto en la asamblea de los Estados partes, que se celebrará del 4 al 14 de noviembre.
La información sobre el préstamo fue publicada en el Informe Financiero de la ICC el 15 de septiembre de 2023. El último pago parcial del Estado venezolano fue en 2018.
Los atrasos anuales de Venezuela ascienden a unos 2.018.603 euros, el equivalente a más de seis años. Artículo 112 párr. 8, Los derechos de voto se pierden por atrasos equivalentes a dos o más aportaciones anuales. Hasta 2021, el país estuvo sin participación en la Asamblea de la CPI debido a la deuda acumulada.
El Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos de Venezuela (PROVIA) señaló que “es posible que la próxima semana el gobierno solicite una excepción para poder volver a votar, como lo hizo el año pasado y le fue concedida”.
Esta excepción, según Provea, se basará en la denuncia de que “las restricciones le impiden cumplir con sus obligaciones financieras”. La misma excusa fue esgrimida por los abogados europeos del Estado en audiencias públicas los días 7 y 8 de noviembre ante la Sala de Apelaciones de la CPI, alegando el impacto económico de la traducción de documentos del español al inglés o al francés.
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La ONG recordó que Venezuela tiene la obligación de pagar sus aportes a la CPI como Estado parte del Estatuto de Roma.
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