Representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y asociaciones cívicas participaron en el primer día de debates sobre las leyes que las rigen. Pidieron a la Asamblea Nacional de 2020 “aterrizar” una serie de puntos que se traducen en la criminalización de su trabajo, entre ellos la cláusula de ley que rechaza la realización de “actividades políticas”. Desde el Palacio Federal Legislativo sostuvieron que una cosa es el acto público, “que es político” y otra es “partido-político”.
La Asamblea Nacional (AN) de 2020 organizó la primera consulta pública sobre el proyecto de ley de supervisión, regularización, actuación y financiamiento de organizaciones no gubernamentales y afines en Venezuela. En el encuentro realizado en la sede del Palacio Federal Legislativo, representantes de ONG, fundaciones y asociaciones civiles llamaron a las autoridades parlamentarias a hacer un llamado integral para que el debate sea verdaderamente amplio y rico.
“En esta sala las fundaciones y asociaciones son minoría”, afirmó Susani González, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (CDESEX).
González calificó de necesario promulgar una legislación que cumpla con la responsabilidad del Estado de proteger y regular los derechos de asociación, pero, agregó, también es importante que la norma cumpla con los estándares internacionales y proteja a las pequeñas empresas.
La Ley de ONG establece el registro obligatorio de las ONG. Este punto fue cuestionado por González. “Ya hemos registrado la fundación. Pedirle (a una organización) que se vuelva a registrar es como pedirle a un venezolano que le devuelva su cédula de identidad.
Sostuvo que el Ejecutivo ya tiene un registro de cada uno, por lo que sugirió que si se quiere crear una nueva instancia diferencial, se deben centralizar los datos “y si necesitamos actualizarlos, lo hacemos”.
“Imaginemos lo difícil que sería para las pequeñas empresas de zonas remotas llevar a cabo un proceso con un plazo de un año”, dijo. Destacó que no todas las asociaciones cuentan con un personal numeroso o administrativo para agilizar estos trámites. Reiteró que la medida perjudicaría a las pequeñas empresas.
Rechaza la idea de que la ley defina negativamente la “actividad política”. En este sentido, dijo que “toda actividad pública es política, por lo que prohibir a organizaciones, fundaciones y asociaciones realizar este tipo de actividades obstaculiza su esencia”.
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Puso sobre la mesa el enfoque que el expresidente Hugo Chávez había propuesto en 2005: un proyecto de ley que hablaba de cooperación internacional. En ese sentido, consideró que se debe trabajar en un solo proyecto que atienda principalmente las preocupaciones de esta Ley.
“Tenemos que detenerlo y diferenciar entre actividades partidistas y electorales”, añadió.
Con González coincidió el director del Convite, Luis Francisco Cabezas, quien también se mostró partidario de ampliar el debate. Pidió a las autoridades de la AN-2020 difundir suficientemente el proyecto de ley, para que quienes participen en futuras discusiones lean el borrador.
Cabeza propuso activar un proceso electrónico que permita a las organizaciones ubicadas en zonas remotas enviar sus aportes.
En esta misma línea, Daniel Hinojosa, de Tinta Violenta, organización dedicada a la protección de los derechos de las mujeres, pone como ejemplo el hecho de que las ONG organizan marchas o manifestaciones y aunque esto no tiene nada que ver con “trabajo político”. “Político-Electoral”. Pidió, al igual que González y Cabezas, que se fundamente el concepto y se haga una distinción clara.
“Luego está la cuestión fiscal. No hay un mecanismo claro sobre cómo accederemos a la exención del impuesto sobre la renta”, afirmó. Se preguntó si la ley, de aprobarse, podría ayudar a que empresas, asociaciones cívicas y fundaciones queden exentas del pago del impuesto al valor agregado (IVA), como ocurre en otras partes del mundo.
Se refirió a los problemas de los organismos internacionales y las relaciones con las organizaciones locales. “Hay algo que se llama gran contrato que tiene que ver con la relación entre organizaciones. Lo que queremos es proteger nuestra soberanía como nación, no de la criminalización (ONG), sino de la regularización.
lo que dice el parlamento
En la primera reunión de consulta pública, además de representantes de la AN-2020, participaron representantes de organismos gubernamentales entre ellos el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, el Ministerio Público ( MP), la Fuerza. La Armada Nacional (FANB) junto con los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y diversas instancias y salas se encuentran virtualmente conectados a la defensa.
Julio García Zerpa, Primer Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, presentó el proyecto y explicó que contiene 18 artículos y dos disposiciones transitorias. Señaló que los aportes serán evaluados por el equipo metodológico. Según su declaración, dispondrá de un instrumento específico para la segunda discusión dentro de “no mucho”.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, encabezó el debate. Recordó que el presidente de la Comisión de Política Interior, el diputado Diosdado Cabello, al presentar el proyecto de ley, dijo que alrededor de 60 ONG en el país estaban vinculadas con hechos políticos.
Infante presenta varios ejemplos de fundaciones vinculadas a actores y partidos políticos de oposición. Denunció que hay ONG que son “utilizadas como fachada por la derecha extranjera para desestabilizar el país, promover y financiar el terrorismo y derrotar al gobierno”. Menciona a Súmate, Provea y otros.
Dijo que la Ley FARA, que data de 1938 y regula las uniones civiles en Estados Unidos, es una referencia para el proyecto. Este enfoque fue rechazado por los representantes de las ONG, quienes dijeron que el país no apoya a las organizaciones.
El proyecto de ley aprobado en primer debate en enero de 2023 tiene como objetivo promover y regular la gobernanza de las organizaciones privadas y afines en Venezuela. La propuesta inicial prevé sanciones para las ONG que no se registren o no declaren la identidad y el origen de sus respectivas donaciones.
Eso dice la Academia de Ciencias Políticas
Luego de discusiones por primera vez, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales aseguró que el proyecto es parte de una política de Estado sistemática. “Restringir, obstruir, criminalizar y oprimir las actividades libres e independientes de las ONG, los defensores de los derechos humanos y los actores humanitarios”.
Tras analizar los artículos, la Academia hizo un llamado “respetuoso y firme” a la AN de 2020 para que “se abstenga de aprobar el proyecto de ley sobre supervisión, regularización, actuación y financiamiento de organizaciones privadas y afines”, por violar la constitución y los derechos humanos. los derechos del pueblo, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, los defensores de los derechos humanos y los actores humanitarios, así como los principios democráticos.”
Instó a la comunidad internacional a tomar nota y rechazar el proyecto de ley porque va en contra de los estándares constitucionales e internacionales.
Para la Academia, el proyecto de ley “presume desde su motivación y su articulado que las organizaciones de la sociedad civil son enemigas del proyecto político de revolución socialista, y por tanto parte de la falsa premisa de enfrentarlas bajo el concepto de “soberanía” y la lucha contra el “terrorismo”.
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