con una espátula
Seis congresistas de diferentes partidos y regiones han sido implicados en el reciente escándalo de presunta corrupción política. SEMANA accedió a los explosivos detalles del expediente Lo cual, según la Fiscalía, revela cómo se montó una sofisticada red para robar al Departamento de Bienestar Social (DPS). Los implicados son el senador Ciro Ramírez (ya preso), Carlos Fernando Motoya, Juan Sami Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe y Miguel Ángel Barreto. En las últimas horas se emitió una notificación roja contra el exdirector encargado de esa entidad, Pierre Eugenio García Jaquier. También está involucrado el ex candidato a la Cámara Julio César García.
Los seis senadores y sus asociados formarán parte de una poderosa organización criminal dedicada a ‘cazar’ contratos millonarios entregados en mano. En algunos casos, irónicamente, las obras no se construyeron y quedaron inconclusas. La sed de dinero era incalculable, según las pruebas en poder de los investigadores. Este es un nuevo capítulo en el expediente de corrupción conocido como ‘Marionetas’, que lleva el nombre del excongresista liberal fallecido en La Picota Mario Alberto Castaño, quien durante años realizó nombramientos arbitrarios en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima. , Risaralda y Valle del Cauca.
Durante seis meses, un experimentado equipo de investigadores de la Fiscalía se dedicó a la meticulosa tarea de recopilar documentos y testimonios que demostraran cómo estos congresistas y ex candidatos se habrían repartido la ejecución de contratos principalmente de infraestructura y vivienda social. La mayoría de las obras se encuentran inacabadas, sobrecostadas y con graves defectos estructurales. Todo está lleno de corrupción.
SEMANA destapa cómo se operaba este supuesto carrusel contratado montado en el Congreso, donde cada congresista trabajaría por separado para aprovechar contratos multimillonarios con obras públicas. En ese marco aparece el nombre de García Jacquier, administrador de empresas de 40 años y larga trayectoria política, quien fue designado encargado del DPS en 2018. A su despacho se le administraron grandes sumas de dinero para buscar la prosperidad en Colombia, lo cual quedó en un segundo plano.
Según la investigación, los senadores visitaban frecuentemente su oficina en el DPS para “equilibrar” entregas cuidadosamente seleccionadas de contratos multimillonarios. García Jacquier, según el expediente, dio el visto bueno y dijo qué congresista debería ser el beneficiario. Esto creará una red que supuestamente asumirá la responsabilidad del reclutamiento.
El modus operandi parece haber sido clonado del aplicado por Mario Castaño en su momento y fue claramente descrito esta semana por el Fiscal 94 de la unidad anticorrupción en la audiencia de acusación contra García Jacquier. “Había un subgrupo de la operación de cada senador para obtener estos beneficios ilegales en los contratos estatales”.
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