Portavoces de Un Mundo Sin Mordaza, Defendemos Venezuela y Funderades exigieron el fin de la persecución, ataques y criminalización de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en el país. Criticaron las garantías brindadas por la CIDH por considerarlas insuficientes para evitar la detención de activistas como Javier Tarazona.
La creciente incidencia de persecución y criminalización de trabajadores de organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno de Nicolás Maduro fue denunciada el jueves 29 de febrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la audiencia pública sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos participaron representantes de Un Mundo Sin Mordaza, Defend Venezuela y Fundaredes. Advirtieron que la activación del plan “Furia Bolivariana”, que ordenó recientemente Nicolás Maduro, ha provocado una ola de represión contra miembros de la sociedad civil que viven en el país.
Durante el 189 período de sesiones de la CIDH, Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, condenó la detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel y sus familiares. Anunció que el presidente de Control Ciudadano se encontraba en El Helicoide, al que calificó como “el centro de tortura más grande de América Latina”.
Génesis Dávila, su presidente salvar venezuela, explicó que la detención de San Miguel y el grupo de personas que lo acompañaban demuestran las condiciones a las que están sometidos los defensores de derechos humanos en el país. Denunció el plan “furia bolivariana” como un “castigo ejemplar” contra quienes trabajan por el respeto de los derechos humanos.
“Este plan afectó no sólo a Rocío San Miguel sino a toda su familia. Terminaron desaparecidos, detenidos arbitrariamente y hoy, a 20 días de la detención de Rocío San Miguel, se le niega el acceso a la defensa y a sus abogados jurados”, dijo Dávila. .
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Diamanti dijo que los defensores de derechos humanos en Venezuela son sometidos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, persecución a familiares y amigos; y sometidos a procedimientos penales irregulares con pruebas falsas para respaldar acusaciones infundadas.
Por su parte, la directora de Funderades, Clara Ramírez, consideró que las medidas cautelares dispuestas por la CIDH para los defensores fueron insuficientes porque Javier Tarazona, quien en ese momento presidía la ONG, fue detenido a pesar de haber reclamado protección internacional.
Osvaldo Cáceres, representante funderasDenunció que Tarazona sufrió abusos físicos y mentales, desde ser drogada para obtener un testimonio viciado, hasta estrangulamiento mecánico, golpes e incluso, a pesar de ser una persona con problemas circulatorios, ser apuñalado en la parte inferior del cuerpo con un alfiler.
En este sentido, los voceros exigieron el fin de la persecución, los ataques y la criminalización contra las organizaciones de la sociedad civil y sus trabajadores. “Exigimos el fin de la persecución política en Venezuela y pedimos toda la solidaridad internacional para que Javier Tarazona, Rocío San Miguel y otros presos políticos puedan ser liberados como se merecen porque proteger los derechos humanos no es un delito”, expresó. Presidente de un mundo sin gags.
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