Del total de 15 presos que escaparon, cinco están prófugos. Continúan los operativos de seguridad en varios municipios de la región para recuperarlos e impedir su ingreso a Colombia.
San Cristóbal. Una serie de fugas masivas registradas en varios centros penitenciarios del estado Táchira durante los primeros cuatro meses del año ha generado alarma entre las autoridades, que han intensificado los operativos de búsqueda para localizar a los reclusos fugados.
Según cifras oficiales, más de una decena de presos se fugaron de al menos tres cárceles de esta región fronteriza entre enero, febrero, marzo y abril. A la fecha, cuatro de ellos permanecen prófugos, pese al despliegue del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Este aumento de evasiones de similares características es un claro indicio de las investigaciones iniciadas por las autoridades para determinar los motivos. En paralelo, intentan evitar su posible paso a Colombia.
El primer incidente ocurrió el 29 de marzo en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, Municipio de Córdoba, Cuando cuatro presos aprovecharon una inspección para salir por las alcantarillas, ubicadas detrás del edificio.
Gabriel Malavé, 35 años; Jesús Rodríguez, de 30 años; Édgar Méndez, 44 años; José Valero, 30 años; Dos de ellos se dirigirán desde el estado Sucre, hacia el sector de La Petrolia en el municipio de Junín. Luego de ser desplegado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CCPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Valero fue recuperado.
Los tres restantes se encuentran prófugos de la justicia. Todos cumplían condenas por violencia sexual, tráfico de drogas y falsificación de documentos.
Cicpc se fugó
Más tarde, la noche del 8 de abril, dos hermanos. Rigoberto Sarría y Gerardo Sarría, Uno de ellos, un exfuncionario del Cicpc, escapó del comando de ese organismo en las calles del Chorro El Indio en el municipio de San Cristóbal.
Ambos sujetos se encontraban en prisión preventiva por el presunto asesinato de Johan Vargas el 16 de diciembre de 2023, quien fue baleado en un bosque de Lobatera. Los culpables fueron detenidos el 11 de enero. el pasado.
Gerardo Sarria fue condenado a 19 años de prisión y su hermano fue a juicio, según información difundida por el Ministerio Público. Aunque las autoridades anunciaron un despliegue para recuperarlos, hasta la fecha se desconoce el paradero de los dos.
fracaso del estado
Según el abogado y exdirector de la Policía del Estado Táchira, Jesús Alberto Berro, estas fugas se deben a retrasos procesales y a la falta de traslado oportuno de los presos a los centros penitenciarios, lo que genera hacinamiento en los centros de detención temporal, donde los presos permanecen recluidos por largos periodos de tiempo. .
La falta de transferencias genera hacinamiento, que es uno de los principales problemas del sistema de administración judicial del país. Recordó que las cárceles son infraestructuras que no cuentan con el espacio ideal para albergar a los reclusos, mientras que los centros de detención no cuentan con el espacio necesario para albergar a más de una decena de reclusos.
El experto explicó que los centros de detención exceden su capacidad en un 300%, por lo que no pueden retener a los presos por más de 48 horas. Esto significa que los presos deben ser trasladados a prisiones después de este período. Pero, debido a demoras procesales, se encuentran a la espera de sentencia o juicio.
El problema del hacinamiento no es nuevo, aseguró el abogado, pues es parte del mismo “Doctrina de Naturaleza Penal y Todas las Políticas Públicas de los Estados en Desarrollo respecto de los Centros de Detención”.
Los centros primarios son aquellos donde se aloja a las personas detenidas en flagrante delito, mientras son trasladadas al sistema de justicia. Cuando finalice la audiencia, y reciban la sentencia, deberán ser trasladados al centro de secundaria.
Esta fase del proceso judicial no ha concluido, lamentó Bero, porque la mayoría de los casos que logran llegar a juicio, e incluso los pocos que son sentenciados, son devueltos a su lugar inicial de detención. Esto incide en el hacinamiento en el comando policial.
Permiten la permanencia de estas personas como imputados y como condenados, cuando no están en condiciones de retenerlos allí, lo que significa que hay una actividad ineficaz en el tratamiento de los recursos venezolanos”, indicó.
Fuga masiva
La mayor fuga se produjo el 26 de abril en el Destacamento D-215 de la Guardia Nacional en La Pedrera, donde se fugaron nueve presos. Reportes indicaron que la fuga se produjo a primera hora de la mañana en la sede de la GNB ubicada en el municipio de Libertador.
Los detenidos son Jefferson Díaz, Juan Manuel Greatrol, Marcelino Mercado, Jesús Ortiz, Jonathan Rivera, Ryder Guzmán, Carlos Reyes, Javier Moreno y Jesús Atencio.
Nueve personas son restituidas a diferentes puntos de la entidad. Uno de ellos fue capturado ese día. Ocho se marcharon al día siguiente. En este caso, han sido detenidas siete personas, entre civiles y militares, por su presunta implicación en la fuga.
Al respecto, Bero enfatizó que es necesario ser honesto Para hacer cumplir el sistema de justicia. Es decir, se adhieren a los estándares penitenciarios establecidos respetando las condiciones mínimas de vida digna de los reclusos.
Dijo que es imperativo depurar comandos como el Cicpc, destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana y la sede de la PNB.
Complejidad
El coordinador del capítulo Táchira del Observatorio Venezolano de la Violencia, Yancey Meneses, lamentó que las fugas sean más frecuentes. Según él, el patrón de repetición demuestra la complicidad de los responsables de los centros de detención, como ocurrió en el último caso donde, tras la investigación, se ordenó la detención de los funcionarios del centro de detención.
Sobre la fuga al comando del Cicpc, advirtió sobre el conflicto de intereses que se deriva de la decisión de elegir un centro de detención temporal con el organismo de seguridad que poseen, resguardados por excompañeros.
Para Meneses, es necesario agilizar el correspondiente traslado al penal para evitar una posible fuga.
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