El reconocimiento de la lengua de señas venezolana como uno de los idiomas oficiales del país, la inclusión de intérpretes de señas en el sistema educativo y mayores beneficios sociales son algunas de las demandas del grupo.
cumaná Lisbeth Contreras es una mujer de 65 años, la menor de cinco hermanos. Todos excepto el mayor nacieron con discapacidad auditiva, pero su caso fue el más avanzado. Todos en su familia usan el lenguaje de señas y han aprendido a leer los labios, incluida su hija.
Recuerda con nostalgia sus años escolares, pues asegura que en la finca-escuela donde estudió la primaria le enseñaron varios oficios para el hogar, y con la ayuda de su familia montó una frutería que regentaba junto a su hija menor.
Reconociendo que actualmente todas las personas sordas o hipoacúsicas no tienen las mismas oportunidades de desarrollo, como el aprendizaje del lenguaje de señas, y aplaude la iniciativa de aprobar una ley especial en beneficio de este sector de la población, aunque opina que lo más importante es que se cumpla el enunciado.
En Venezuela, la ley para sordos e hipoacúsicos fue aprobada en primera discusión por iniciativa de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional y fue el diputado René Coltat quien presentó el proyecto.
En el estado Sucre, la diputada Margelvis de la Rosa está a cargo de promover el diálogo, especialmente con el sector laboral de las instituciones públicas y privadas.
El Estado promueve la comunicación efectiva al reconocer la Lengua de Señas Venezolana (LSV) como idioma oficial, defiende los derechos educativos y laborales a través de la inclusión de intérpretes que les permitan comunicarse”, dijo el parlamentario.
Organización completa
De la Rosa aseguró que la ley especial ha venido a fortalecer la ley de las personas con discapacidad.
A través de esto, reconoció que la comunidad de sordos e hipoacúsicos está bastante organizada y tienen 16 movimientos solo en el estado Sucre. Sin embargo, la propuesta no es nueva, el sistema educativo venezolano atiende a personas sordas y/o con discapacidad auditiva:
No se trata solo del ingreso de estas personas al sistema educativo o laboral, sino que sean héroes, es decir, no solo partícipes”, explica Enrique Acosta, coordinador de educación especial de la región educativa del estado Sucre.
Acosta argumentó que es necesario prestar atención a este sector a través de los intérpretes de señas, porque en algunos casos los docentes desconocen sus necesidades y esto genera frustración y deserción escolar, incluso universitaria.
“La ley prevé el desarrollo de su lenguaje natural en las instituciones educativas, pero exige materiales como material didáctico y espejos para que aprendan a leer los labios y se desarrollen”, agregó el funcionario.
En el sistema educativo de Sucre, 56 personas sordas o hipoacúsicas se encuentran inscritas en instituciones de educación especial entre Carúpano y Cumaná, respectivamente.
Cumplimiento estándar
Así, la fundación y familiares han participado en la iniciativa que exige el cumplimiento de las normas del Pacto para la accesibilidad arquitectónica y urbana de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, de infraestructura y de la construcción civil.
“Los estándares del Pacto no se cumplen no solo en la educación, sino también en la educación especial, que llega a la universidad y al sector laboral, pero las empresas son conscientes de este incumplimiento e incluso el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) ha pedido, por ejemplo, baños para minusválidos, instalación de señalización, rampas y paralelos”, dijo.
Recientemente, en Carúpano, se formó el Movimiento Social Unido de Minusválidos para impulsar la actividad productiva del sector y ser el interventor, gestor y asesor del área.
De igual forma, se ha informado que de aprobarse la norma para sordos e hipoacúsicos, la AN comenzará a negociar la legislación para ciegos y deficientes visuales.
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