Venezuela tiene los salarios más bajos del mundo. En los últimos años ha pasado por un aumento de 60 pero esto no se traduce en bienestar para la población. Según el economista y director del Centro de Investigación y Capacitación Laboral (CIFO) Manuel Sutherland, esto debería aumentar a $208 por mes, pero debería ser parte de un acuerdo humanitario integral.
Para junio de 2023, el salario mínimo cubre solo el 1% de la canasta básica de alimentos, la cual está valorada en $523,29 en mayo. El 1 de mayo se esperaba un aumento, pero Nicolás Maduro ordenó depositar y apostar a los bonos salariales.
Según Banca y Negocios, Sutherland propone: promediar el promedio de la canasta familiar, en este caso de Cendas, un ingreso mínimo para salir de la pobreza extrema, el 90% del salario mínimo en el sector privado y el salario mínimo promedio en América Latina excepto Venezuela.
“Proporcionará como resultado primario un salario mínimo de $208 mensuales, que recogerá un promedio de cuatro indicadores relacionados con la economía laboral”.
Según él, la solución pasa por la construcción urgente de un acuerdo humanitario integral. ¿En qué consistirá? En la elaboración de un plan de estabilización macroeconómica participativo y consensuado. Las partes involucradas deben minimizar el conflicto político y ceder sus intereses en favor de las necesidades urgentes del país. Este acuerdo debe contener los aspectos políticos, sociales, económicos y laborales necesarios para salir del estancamiento actual.
“Creemos más en la necesidad de lograr una serie de pequeños acuerdos de carácter incremental, donde el país apunta a un avance gradual, que un macroacuerdo general que es difícil de lograr. Graves problemas como la nefasta gestión económica y la reversión a la sociedad civil detrás de ella, intensos conflictos políticos, sanciones, el mayor encaje legal del mundo, destrucción de la deuda, crisis institucional, severa inseguridad, bajísima calidad de los servicios públicos, destrucción de la vida social. seguridad e innumerables leyes que restringen el flujo de inversión. Anularán cualquier intento de recuperación económica que sirva de base para aumentos sostenibles del salario mínimo”.