con una espátula
“Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente y sin armas, salvo disposición legal en contrario”. A pesar de estar establecido en el artículo 68 de la Constitución, los venezolanos que lo ponen en práctica corren el riesgo de terminar tras las rejas, ser perseguidos y estigmatizados por las autoridades.
Entre los últimos en correr la suerte antes descrita se encuentran Ysnet Antonio Rodríguez Mambel y Jhonar Barazarte Trompetero, dos campesinos andinos que fueron detenidos entre el 18 y el 20 de junio tras publicar en redes sociales videos en los que se les ve arrojados a un río. Parte de sus cultivos de tomate y zanahoria fueron rechazados, la escasez de combustible les impidió transportarlos al mercado.
“No tengo suficiente gasolina para mover este producto”, relató otro productor en una grabación, mientras sostenía un racimo de plátanos mientras otro hombre a su lado agarraba más de la fruta y la tiraba. transporte
“Traté de conseguirlo por otros medios, estuve cuatro días metido en la moto para ir a buscar gasolina y rebajar mercadería en la (camioneta) Toyota, pero no funcionó. No fue posible llenar la gasolina, así que que se viralice, que la situación que estamos viviendo los productores llegue a oídos del gobernador, alcalde y presidente.
Contra el mensajero y no el mensaje
La respuesta de las autoridades no se hizo esperar, y pocas horas después de que los videos se difundieran a través de las redes sociales, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional, Tarek William Saab, acusó a los productores de cometer “un delito”. Poco después, anunció que su oficina había iniciado una investigación contra los campesinos, quienes, dijo, estaban “tratando de crear zozobra entre la población y amenazar la seguridad agroalimentaria de la ciudad”.
Pocas horas después, se dio a conocer la captura de los dos protagonistas de los videos y el fiscal anunció que intentaría procesarlos por el delito de boicot previsto en la Ley Orgánica de Justificación del Precio, cuyo artículo 55 establece lo siguiente:
“Serán concedidos los que conjunta o individualmente desarrollen o realicen actividades u omisiones que obstaculicen directa o indirectamente la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios. 15 años Prisión Cuando los actos u omisiones se denuncien cometidos en perjuicio del patrimonio público, también se confiscarán los bienes conforme a lo dispuesto en la Constitución.
Las acciones de Saber fueron respaldadas por la Asamblea Nacional elegida en 2020 “Están bien detenidos”, dijo la diputada chavista Iris Varela, quien agregó:
“Alguien se enoja cuando ve comida tirada (…) Es un crimen, un crimen atroz (…) Cualquiera que se odie a sí mismo en esta campaña debe ser llevado ante la justicia, porque están boicoteando la comida venezolana. quiere crear preocupación debe ser detenido y juzgado. Eso es lo que queremos del PSUV».
Pero Varela no se quedó ahí, y tras negar que hubo problema con el suministro de combustible, insistió en que los detenidos habían “comprado sus cultivos para grabar el video”.
Con su postura, las autoridades judiciales y legislativas parecen querer ignorar un hecho irrefutable: Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, no es capaz de satisfacer sus necesidades energéticas. En abril pasado, la producción de petróleo del país promedió 731.000 barriles por día (bpd) en el primer trimestre del año, según un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), publicado en abril. Si bien los datos representan un aumento del 5% con respecto al último mes del año pasado, la producción promedio del país rondaba los 2,5 millones de bpd hace apenas una década.
Pero no solo ha disminuido la extracción de crudo sino también las refinerías. Así, hoy el país no es capaz de reponer ni una fracción de su demanda diaria de gasolina. Esta situación explica las colas en las gasolineras de todo el país, especialmente en las regiones
Los residentes de nueve estados, incluidos Mérida y Trujillo, donde los agricultores están detenidos, se declararon en huelga en mayo por la escasez de combustible, según un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Nunca debieron estar en la carcel
Si bien Rodríguez Mambe y Barzarte fueron absueltos en su totalidad por los jueces que conocieron su caso, lo que implica que el tribunal no consideró que hubieran cometido un delito, lo cierto es que nunca debieron ser detenidos. ¿La razón?
La lectura del artículo 55 de la Ley Orgánica del Precio Justo deja en claro que las acciones de los agricultores no impidieron la “producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos”. ¿Cómo se puede hablar de boicot si es imposible transportar cultivos?
Los productores no sólo utilizaron lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución, sino también el artículo 112 que habla de libertad económica. Además, siguieron el ejemplo de sus pares europeos, quienes tiraron sus cosechas como una forma de protestar contra los precios bajos o la competencia desleal. Un rápido repaso por Internet nos permite encontrar casos en España en 2011, 2017, 2020 e incluso este año.
Y tú eres venezolano, ¿cómo te afecta esto?
El caso de los campesinos andinos revela varias cosas: por un lado, el ejercicio del derecho a la protesta en Venezuela sigue teniendo un alto costo para la ciudadanía, y por otro, continúa la tolerancia de las autoridades a las voces críticas. Como siempre tan poco también se demuestra que en Venezuela no hay división de poderes cuando un diputado de la AN se pronunció al respecto e instruyó al poder judicial qué hacer en este caso con el partido de gobierno.
Sin embargo, hay que decir que en este caso la justicia actuó correctamente y liberó a los campesinos que solo estaban ejerciendo su derecho a la protesta ante una situación que no era responsabilidad de ellos, sino del Estado venezolano y sin dudas. , afectándolos significativamente. muy serio
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