La actividad minera cada vez más irregular en Bolívar trae una serie de consecuencias nocivas para el medio ambiente y las comunidades aledañas, debido al aumento de químicos vertidos al río, especialmente mercurio.
Texto: Abelardo Rojas / Correo del Caroní
Los principales cuerpos de agua al sur de los estados Bolívar y Amazona tienen alta presencia de mercurio. Según un informe reciente de la ONG Clima21, la minería ilegal es la razón del aumento. Esta sustancia química actúa como una neurotoxina que tiene graves efectos en los seres humanos y el medio ambiente.
El informe Clima 21 señala que el mercurio se utiliza ampliamente en la minería de la región porque es relativamente fácil de obtener. De igual forma, indica que las autoridades no están haciendo los esfuerzos adecuados para controlar el tráfico de este peligroso material y como resultado ya se han reportado varios casos de intoxicación por mercurio.
La minería no es un problema nuevo, ya que se ha informado de minería ilegal desde la última década del siglo XX. Estas minas estaban ubicadas principalmente en la cuenca del río Kuuni y en la cuenca baja del río Caroní. Sin embargo, a partir de la segunda década del siglo XXI se produjo una rápida expansión de la actividad minera impulsada por crisis económicas y políticas así como por la creación del arco minero del Orinoco.
Principales consecuencias de la contaminación por mercurio
El informe destaca que la actividad minera en la Amazonía venezolana ha tenido un impacto significativo en el deterioro de la salud de comunidades y asentamientos cercanos a los puntos de extracción de oro. También causa daños irreparables al medio ambiente de esta región.
Los principales riesgos para la salud humana derivados de la contaminación por mercurio incluyen enfermedades renales, trastornos neurológicos, problemas respiratorios e incluso la muerte en casos graves de intoxicación.
El informe de la ONG también indica que las mujeres que practican actividades mineras y están expuestas a la contaminación por mercurio pueden ver afectada su salud reproductiva ya que el químico causa infertilidad y aumenta el riesgo de abortos espontáneos; Además, enfrentan violencia y discriminación de género en este entorno.
Otro punto relevante del informe es el gran número de jóvenes que trabajan en las minas. Según Cecodap, organización que promueve y protege los derechos humanos de niños y adolescentes, estimó en 2016 que el 45% de los mineros son menores de edad y una proporción similar opera molinos donde se procesa oro.
Al respecto, el Centro de Orientación y Desarrollo Humano (CAD) de la Universidad Católica Andrés Bello ha documentado que más de mil niños viven en las minas. Esta población se concentra principalmente en Guasipati, El Callao, El Dorado y Las Claritas (esta última, cerca de la mina más grande de la región).
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Preocupación por los pueblos indígenas
Entre los grupos más afectados por la presencia de minas y la contaminación por mercurio se encuentran las diversas comunidades indígenas que pueblan la región. Muchas comunidades fueron despojadas violentamente de sus territorios, mientras que otras se vieron obligadas a cambiar sus costumbres y actividades para dedicarse a la minería.
El principal problema de estas comunidades, además de la invasión de su territorio, es el impacto en la salud causado por los desechos de las actividades. Se enfrentan a la inseguridad alimentaria, ya que dependen de la pesca como principal fuente de proteínas, y el consumo de pescado contaminado con mercurio representa un riesgo de intoxicación y toxicidad.
Falta de información y retroalimentación efectiva.
Aparte de todo esto, no hay suficiente información sobre los riesgos del mercurio y las medidas de prevención, la situación se agrava por la falta de respuesta efectiva de las autoridades para hacer frente a este grave problema.
El Estado venezolano carece de regulación de las actividades mineras, lo que resulta en una falta de aplicación de sanciones efectivas para quienes se dedican a la actividad ilegalmente.
Cabe señalar también que el Estado de Venezuela no ha ratificado el Convenio de Minamata, un acuerdo internacional para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Esto muestra una falta de compromiso para proteger los derechos y la salud de la población, un incumplimiento de un compromiso importante, así como una solución seria que podría tener implicaciones para la cooperación internacional, el intercambio de información y el acceso a recursos y tecnología. el problema Salud Ambiental y Pública. (con información de Clima21)
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