Un ex general venezolano estrechamente asociado con el fallecido presidente izquierdista Hugo Chávez fue sentenciado el lunes en Estados Unidos a 21 años y dos tercios de prisión por suministrar armas al grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Clíver Alcalá, de 62 años, se declaró culpable en junio pasado de dos cargos de proporcionar apoyo material a un grupo terrorista y transferencia ilegal de armas de fuego. Estados Unidos considera a las FARC, que se disolvieron en 2016 como parte de un histórico acuerdo de paz con el gobierno colombiano, un grupo terrorista, informó Reuters.
El juez federal Alvin Hellerstein dictó la sentencia en un tribunal federal de Manhattan.
Alcalai es el primero de los cinco coacusados del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusados en 2020 de cargos de “narcoterrorismo”. Maduro, un eterno enemigo de Estados Unidos y protegido de Chávez que ha supervisado un colapso económico, ha negado las acusaciones de las compañías petroleras venezolanas.
Los fiscales federales habían propuesto una sentencia de 30 años para Alcalá.
Argumentaron que, además de suministrar a las FARC armas de grado militar, Alcalá recibió millones de dólares en sobornos para proteger los envíos de cocaína del grupo de la interferencia del ejército venezolano.
Los abogados defensores instaron a Hellerstein a sentenciar a Alcalá a no más de seis años de detención en Nueva York desde su extradición de Colombia en 2020.
Dijeron que Alcalá estaba bajo las órdenes de Chávez cuando ayudó a las Farc y negó su participación en el narcotráfico.
Inicialmente, Alcalá fue acusado de conspirar con un grupo rebelde para transportar cocaína, pero se declaró inocente de ningún cargo de drogas como parte de su acuerdo final.
Los abogados de Alcalá instaron a Hellerstein a considerar la ruptura del ex general con el gobierno de Maduro en 2013 y su papel en la organización de un intento fallido desde la vecina Colombia para derrocar a Maduro en 2020.
Los fiscales dijeron que las acciones de Alcalá desde 2013 no justificaban la indulgencia.