Leonardo Vera, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (NCS), encabezó un conversatorio al que asistieron los economistas Gustavo García Ocio, Carolina Pagliacci, Pedro Palma y Omar Zambrano, en un intento por practicar una reflexión sobre una situación hipotética. Mientras Venezuela comienza a implementar las medidas necesarias para salir del atolladero económico
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANC) lanzó este miércoles 10 de abril el Segundo Congreso Económico, donde recomendó una serie de ejercicios que podrían conformar una política multidimensional de estabilización económica que apunte al crecimiento económico sostenible. y duradero. .
Los economistas Gustavo García Ocio, Carolina Pagliacci, Pedro Palma y Omar Zambrano hablan sobre la realidad actual y las necesidades de la economía venezolana, enfocándose en el estado actual de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y salarial aplicadas por la administración de Nicolás Maduro.
Todos los expertos coincidieron en que es necesario implementar una política de estabilización en torno a estos cuatro aspectos para alcanzar un punto de equilibrio que propicie un entorno económico favorable para afrontar una senda de crecimiento adecuada.
Así lo explicó el presidente de la ANCE, Leonardo Vera, durante la apertura del congreso, dejando claro que se trata de un ejercicio que refleja un escenario hipotético en el que Venezuela comienza a implementar las medidas necesarias para salir del atolladero económico en el que se encuentra. está sumergido. Al menos durante una década.
“La Academia Nacional de Ciencias Económicas celebra el inicio de una jornada extraordinaria de reflexión y análisis enfocado en la posibilidad de traer estabilidad a la economía venezolana y sentar las bases para lograr un crecimiento sustentable, sustentable e inclusivo”, enfatizó.
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En este sentido, los académicos han coincidido en gran medida, destacando la necesidad de que Venezuela restablezca la autonomía de sus instituciones financieras, como el Banco Central de Venezuela, así como del sistema financiero internacional para acceder a líneas de crédito. En el marco de un plan de estabilización a medio y largo plazo, de la mano de los multilaterales, se destaca la importancia de la reestructuración de la deuda y la restauración del poder adquisitivo de la población.
Estructura fiscal ineficiente
En materia de política fiscal, García Ocio destacó el caos en el que se mantiene Venezuela, motivado por el problema de “predominio fiscal” provocado por el elevado endeudamiento y los persistentes déficits fiscales, donde el gobierno adeuda más pagos de los que tiene disponibles.
Por ello, sostuvo que un hipotético programa de reforma fiscal debería apuntar a lograr la estabilidad económica con bajos niveles de inflación y el fortalecimiento de las reservas internacionales, al tiempo que se reestructura la deuda pública, superando crisis humanitarias críticas. Estimula el crecimiento y la generación de empleos formales. Para ello, se centra en los siguientes puntos:
- Excluye financiamiento financiero a través del BCV. Se trata de revisar las leyes que actualmente rigen las actividades del ente emisor, dándole mayor independencia y limitando su dependencia de los ingresos petroleros proporcionados por Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
- Restaurar a Venezuela al sistema financiero internacional con énfasis en el Fondo Monetario Internacional, que facilitará el acceso al crédito para financiar programas de recuperación.
- Iniciar un proceso de reestructuración de la deuda externa y restablecer las relaciones con todos los acreedores de Venezuela.
Sobre esta base, se puede proponer un programa de inversión que promueva el restablecimiento de la asistencia social y los servicios públicos.
“El programa debería centrarse en reducir los subsidios y subsidiar sus necesidades focalizadas por categoría de ingresos, dirigiéndose a los más necesitados. Los subsidios generales muchas veces benefician más a los sectores de altos ingresos que a los de bajos ingresos”, argumentó.
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En esta situación, el Estado tiene que reducir su tamaño y dar más prioridad a las empresas privadas, a las que se les otorgan concesiones para encargarse de gestionar sectores importantes como el petrolero. Asimismo, implicaría una reforma de las prácticas tributarias con una aplicación tributaria más coherente y equitativa sin conceptos como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
“Es necesario restablecer las bases de un sistema tributario eficiente y equitativo. Proliferaron los impuestos, algunos de ellos altamente perversos, como el IGTF. Venezuela tiene una alta presión financiera. “Este es un factor que desincentiva la inversión privada y la generación de empleos gubernamentales”, afirmó.
control bimonetario
Desde mediados de 2019, luego de que el bolívar perdiera sus principales funciones como moneda, el gobierno abrió la puerta al uso del dólar, por lo que Venezuela se estructuró como un sistema monetario dual en el que se utiliza tanto el bolívar como el dólar.
Los economistas que participaron en las discusiones coincidieron en que sería mejor abandonar la idea de pasar a una economía totalmente dolarizada como la de Ecuador, ya que impediría la implementación de una política monetaria controlada por el BCV.
Al respecto, Carolina Pagliacci sostuvo que el BCV debe tomar las riendas de la creación primaria de dinero, que en los últimos años se ha vuelto más dependiente de los ingresos petroleros a través de compras directas de títulos del BCV por parte de Pdvsa.
Una reestructuración de la ley que orienta la política monetaria debe buscar eliminar la venta obligatoria de divisas petroleras al BCV, así como las cuentas del sector público dentro del ente emisor.
Una vez superadas estas limitaciones, la política monetaria debería centrarse en crear condiciones favorables que permitan el financiamiento empresarial a través del sistema financiero, promoviendo la creación de empresas y su acceso a diversos mercados, y también reduciendo los factores que aumentan los costos de producción. Economía productiva.
El experto explicó que, históricamente, el BCV ha implementado políticas restrictivas que limitan el crecimiento de la masa monetaria en un intento de controlar la inflación, como está sucediendo actualmente, pero no se deben priorizar esos patrones para estabilizar la economía.
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En este sentido, Pedro Palma señaló que el programa de estabilización no debe, en ningún caso, basarse en anclar el tipo de cambio mediante una intervención cambiaria, como ocurre actualmente.
“La política cambiaria es un componente importante de un plan de estabilización, no una política aislada. No se debe buscar la estabilidad de precios a través del tipo de cambio. La política cambiaria debe ser dinámica, no que se busque fijar el tipo de cambio, sino la existencia de un “La moneda local que respalda su uso es alentadora”, argumentó.
Para que este escenario sea posible, Palma aboga por la aplicación de “reglas de juego claras y duraderas”, que probablemente dependerán de un acuerdo político para honrar su acuerdo independientemente del gobierno de turno.
A esto se suma un proceso de recapitalización de los bancos, que deben recuperar su función principal de intermediarios para fortalecer el sistema financiero, lo que a su vez pasa por el fortalecimiento del bolívar o una nueva moneda de uso local, aunque se debe mantener el dólar.
“Va a ser y seguirá siendo una economía bimoneda, donde el dólar seguirá jugando un papel fundamental, pero hay que tratar de limitar el papel que juega en la actividad económica y al mismo tiempo fortalecer una moneda nacional que cumpla sus funciones de reserva. Estándar, medio de pago y unidad de cuenta. El uso de la moneda local permite aplicar aquí una política monetaria y cambiaria eficaz”, aclaró.
Seguridad Social y Conciliación Laboral
Otro factor importante que compromete el crecimiento económico es la pérdida de talento humano y la pérdida significativa de ingresos de los hogares con el colapso del mercado laboral, lo que deja una combinación de baja productividad y escaso poder adquisitivo.
Los estudios presentados por Omar Zambrano, director de la consultora Anova, sugieren que las reservas insuficientes de capital humano siguen siendo un obstáculo importante a superar si se quiere implementar algún programa de estabilización.
Según los economistas, el problema implica altos niveles de pobreza, un número desproporcionado de personas fuera del mercado laboral y una disminución de la calidad del talento humano.
Las estimaciones de ANOVA indican que el nivel de pobreza es del 85,1% y la pobreza extrema del 64,9%. Si esta cifra se centra en el sector privado, que es el más activo y dinámico de la economía, la tasa de pobreza se sitúa en el 69,4%.
“Los salarios, incluso en los sectores más dinámicos de la economía, no son suficientes para sustentar mejores condiciones de vida que las que observamos”, destacó.
Por su parte, los datos advierten que la población educada ha disminuido sustancialmente, cayendo un promedio de dos años de escolaridad entre la población económicamente activa en un período de sólo siete años.
Sumando los años de estudio y experiencia laboral de quienes completaron la inmigración durante este período, ANOVA estima que el país perderá alrededor de 95,6 millones de años de experiencia y 53,6 millones de años de formación académica.
A estos factores se suma la alarmante cifra de 7,5 millones de venezolanos en edad económicamente activa que no generan ingresos autónomos debido a su desvinculación del mercado laboral.
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Este conjunto de elementos requiere la creación de un sistema de protección social como parte de cualquier solución futura de un programa de estabilización, brindando apoyo a los segmentos de la población más afectados por la actual crisis económica.
“Nuestra premisa es muy simple. El restablecimiento de las condiciones de vida de los venezolanos pasa por el proceso de estabilización económica, el restablecimiento de un crecimiento económico fuerte, duradero y sostenible y la reestructuración del sistema de seguridad social”, argumentó.
Zambrano sugirió que el programa de protección social de emergencia se extienda por unos dos o tres años y tenga como objetivo el alivio temporal de la pobreza, la amplificación del impacto de las remesas y un nuevo marco institucional que distribuya de manera más eficiente las herramientas de protección social, rediseñando así algunas de las misiones. creado por el chavismo: Por hacer, pero no por eliminar.
Un programa de estas características podría costarle al estado $4.5 mil millones anuales durante los próximos tres años, según estimaciones de Anova.
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