El Gobierno francés ha presentado este miércoles su plan de “asistencia a la muerte”, una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron que facilitaría el suicidio en condiciones estrictas.
“No se trata de un nuevo derecho ni de una nueva libertad”, sino “una respuesta moral a la necesidad de acompañar a los enfermos”, afirmó la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin.
Ante el riesgo de revivir fuertes divisiones morales y religiosas, el gobierno evitó hablar de eutanasia o suicidio asistido, prefiriendo promover un “modelo francés” de “muerte asistida”.
Sin embargo, el objetivo es ofrecer a determinados pacientes la posibilidad de suicidarse y, cuando no puedan hacerlo, ayudarles a hacerlo.
El proyecto contempla la posibilidad de administrar una sustancia letal a los adultos que lo soliciten, si corren el riesgo de morir en el corto o mediano plazo por una enfermedad “incurable” que provoca dolores que no pueden tratarse.
La medida, adelantada por Macron en marzo, excluye a los menores y a los pacientes que padecen enfermedades mentales o neurodegenerativas que afectan al juicio, como el Alzheimer.
Cuando un paciente solicita “ayuda para morir”, el médico debe tomar una decisión en un plazo de 15 días, tras consultar con otro médico y una enfermera, afirmó Vautrin.
Los líderes religiosos, especialmente católicos y musulmanes, y las organizaciones de trabajadores sanitarios, especialmente de cuidados paliativos, ya han expresado su oposición al proyecto de ley.
Según una encuesta de la Sociedad Francesa de Apoyo y Cuidados Paliativos publicada por el periódico católico La Croix, el 80% de sus miembros rechazaría “prescribir, suministrar, preparar y/o administrar un producto letal”.
El gobierno planea fortalecer el sistema de cuidados paliativos con más financiación y una “estrategia de diez años”.
Los partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido celebraron la presentación final de la ley, aunque criticaron las muy estrictas condiciones de acceso.
Sin embargo, el llamamiento a la “ayuda para morir” no será rápido. Aunque el parlamento bicameral francés comenzará su revisión en mayo, el proceso de adopción podría tardar hasta dos años.
