La presidenta de Perú, Dina Boluerte, rindió declaraciones este martes ante la Fiscalía del país, que adelanta una investigación para esclarecer su vinculación con las muertes de las protestas antigubernamentales ocurridas entre diciembre y marzo.
Al salir de la sede del Ministerio Público de Perú, Boulwaret evitó a los reporteros afuera del edificio, mientras que la cuenta de Twitter de la presidencia se limitó a señalar que la presencia del mandatario ya había terminado.
Sin embargo, el abogado del mandatario, Joseph Campos, comentó a la prensa antes de ingresar la citación que el mandatario “no usará el silencio como medio de defensa”, por el contrario, “responderá todas las preguntas en la fiscalía”.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha indicado que avanzan las investigaciones para comprobar la comisión de los cargos de genocidio, homicidio culposo y delitos de lesiones graves, ya que en la manifestación murieron 77 personas, 49 de ellas de forma directa. Choques con las fuerzas del orden para reprimir a los manifestantes.
Según Bouluart, quería contribuir a “esclarecer los hechos lo antes posible” y por eso no iba a hacer uso de su privilegio de hablar en Palacio de Gobierno.
Como lo citan otros
La Fiscalía de Perú también investiga al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola; Su antecesor, Pedro Angulo; los ex ministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes; y el actual Ministro de Defensa, Jorge Chávez.
También citaron a declarar este lunes al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, pero pidió cambiar la fecha de comparecencia.
Golpe contra Pedro Castillo
Las protestas estallaron en Perú luego del golpe de estado del 7 de diciembre contra el presidente Pedro Castillo—legalizado por el Congreso luego de su juicio político—y continuaron en enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden exigiendo la renuncia de Bouluarte.
Al menos 49 civiles murieron durante los enfrentamientos y un total de 77 personas murieron en las protestas. En su último informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las protestas y aseguró haber encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú.