El 28 de febrero se llevó a cabo una reunión entre la autoridad y empresas operadoras de servicios de entrega como Yami, Pedidos Ya y Chamos Express, luego de la cual se acordó cancelar un reglamento emitido por iPostel y cooperar para crear un nuevo marco regulador.
La cancelación de la medida fue publicada en el Boletín Oficial, una semana después de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el Instituto Telégrafo Postal (IPOSTEL), publicara un reglamento para regular los servicios de entrega.
En Gaceta Oficial N° 42.827 del martes 27 de febrero apareció la Providencia Administrativa N° CJ/002/2024, mediante la cual se ordenó “dejar sin efecto” la Providencia Administrativa N° CJ/012/2023 que regula las actividades de servicios de entrega a domicilio.
Así, el anuncio de la administración de Nicolás Maduro se hizo oficial el 29 de febrero, apenas 48 horas después de promulgada la norma.
El desastre que sufrió Providencia parece estar relacionado con la ola de críticas que desató esta medida, ya que creó nuevos impuestos sin mucha claridad jurídica, por lo que los vacíos en las reglas podrían traducirse en altos impuestos que inhiban la actividad o aumenten significativamente los precios. .
A raíz de estas críticas, el gobierno de Nicolás Maduro sostuvo una reunión con empresas operadoras de servicios de entrega, entre ellas Rideri, Yami, Pedidos Ya y Chamos Express. Después de esta reunión, el gobierno se comprometió a desarrollar un plan de acción para eliminar la norma y crear una nueva regulación que tenga en cuenta las opiniones de los privados.
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Entre los aspectos más interesantes de la norma, estaba la obligación de solicitar una concesión de autorización postal ante ipostel, un trámite administrativo con un costo de 5 petros ($300), que debía renovarse cada año por un costo de 4 petros ($240). .
Asimismo, el artículo 26 creó un impuesto al usuario repartidor equivalente al 1% del valor del servicio, aunque el documento no deja del todo claro si este cargo se aplica sobre el pago total (producto y envío) o solo al domicilio. La tarifa de entrega, en cuyo caso, es el producto adquirido, aparecerá en una factura separada.
Por otro lado, se estableció una multa de hasta 50 petros ($3.000) para los infractores de esta norma, que se enfatizó en quienes operaran sin el permiso del ipostel.
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