Evo Morales y Luis Arce se enfrentan por el liderazgo del oficialismo y la candidatura presidencial para las elecciones de agosto de 2025. Al sur de La Paz, sede del gobierno
Los gobiernos del presidente boliviano Luis Arce y su ex aliado Evo Morales se acusaron mutuamente de crear una atmósfera de violencia este domingo 22 de septiembre, mientras una procesión del ex presidente y miles de sus seguidores se acerca a la ciudad de La Paz.
Canciller Celinda Sosa envía nota al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk; y Tanya Reneeum Panji, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informarles de la situación.
“Estamos observando la amenaza y bloqueo de una marcha violenta encabezada por el expresidente Evo Morales Ayma, que se dirige hacia la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano. Esta movilización no pretende ser una demanda social, su objetivo principal es alterar el actual orden constitucional”, afirmó Sosa en su carta.
Destacó que un obstáculo al gobierno de Ars sería “por el avance de las elecciones nacionales y la posibilidad de un nuevo candidato del señor Morales, aunque la constitución política del estado no lo permite”.
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“Nuestro gobierno tiene un fuerte compromiso con la democracia, el respeto a los derechos humanos y estamos convencidos de que el diálogo es la mejor manera de abordar las diferencias”, añade el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Evo Morales y Luis Arce se enfrentan por el liderazgo del oficialismo y la candidatura presidencial para las elecciones de agosto de 2025, aunque se espera que solo el exgobernante se postule. “Si no meten preso a Evo, lo inhabilitan por narcotráfico, (…) si no me matan”, declaró el expresidente en una entrevista.
Morales y al menos 10.000 de sus seguidores iniciaron el martes una marcha desde la localidad de Caracolo, 190 kilómetros al sur de La Paz, hasta la sede del gobierno.
Aseguró que protestaba contra la crisis económica, evidente en la escasez de dólares y combustible. También condenó que el gobierno haya desplegado alrededor de 6.000 agentes de policía para detener las marchas y esté movilizando grupos de choque civiles y funcionarios públicos para detenerlas.
Señaló que “si alguien resulta herido o muere, es responsabilidad del gobierno”.
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