Bolivia acude este domingo a las urnas con hastío y desconfianza para elegir a su máxima autoridad judicial (los jueces) mediante voto popular, en un proceso electoral atípico y lleno de interrogantes, en el que la mayoría de las regiones no podrán participar plenamente.
Desde 2011, Bolivia es el único país del mundo donde sus ciudadanos votan para nombrar jueces superiores, aunque México seguirá una fórmula más radical en 2025, compuesta por magistrados de distrito. Pero después de dos elecciones (2011 y 2017) en las que el voto cero y los blancos perdieron más del 60% de los sufragios, los bolivianos abordan esta tercera convocatoria con aún más desesperación.
“La falta de respeto (al sistema de justicia) es mayor que nunca. Se creía que las elecciones judiciales podrían cambiar de alguna manera esta situación, pero no fue así”, explicó a la AFP la politóloga Ana Lucía Velasco. Según una encuesta de Ipsos, en las ciudades más importantes del país, el 85% de la población tiene poca o ninguna confianza. en el sistema judicial.
“La gente siempre ha sido desconfiada, pero esta vez no les gusta. La incertidumbre ha llegado a su punto máximo”, dijo Justo Arce, un jubilado de 72 años que no piensa ir a las urnas. Claves de un proceso que ha perdido el crédito de los ciudadanos ante una institución en su apogeo. Los cargos buscan renovación sin previo aviso.
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camino accidentado
Este domingo, 7,3 millones de ciudadanos elegirán 38 autoridades -titulares y suplentes-: el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Agroambiental. Los candidatos son preseleccionados por el Parlamento.
El proceso electoral debía celebrarse en 2023, pero fue pospuesto varias veces. Hoy ha expirado el mandato de todos los magistrados. El Tribunal Constitucional, ante las impugnaciones de algunos de los candidatos rechazados en las preelecciones, ha pospuesto las elecciones para designar a sus propios sustitutos en cinco de los nueve departamentos del país.
Dio la misma decisión en dos salas de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de apelaciones. “Muchos de estos (…) seguirán en sus cargos porque la elección no va a cubrir su jurisdicción. En sí misma, esta es una elección muy extraña”, explica Velasco.
“Estamos pensando que estos jueces casualmente 'autoimpuestos' permanecerán hasta el 2027. Corresponde al legislativo pronunciarse sobre esto”, dijo el miércoles en una conferencia Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. con la prensa extranjera.
juego politico
Bolivia tendrá elecciones presidenciales en 2025 y el poder judicial podría inclinar la mesa política mientras Evo Morales y el presidente Luis Arce compiten por el liderazgo izquierdista. El Tribunal Constitucional ya lo hizo este año cuando bloqueó una nueva candidatura de Morales, quien dirigió el país entre 2006 y 2019, limitando a solo dos los mandatos presidenciales que un ciudadano puede ejercer.
“Es posible que con esta elección vengan nuevos jueces a cambiar esa sentencia”, dijo Velasco.
“Lamentablemente la intromisión política de izquierda y derecha hace que los jueces independientes, todos ellos, queden avasallados”, comentó Danny Paucara, presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Pese a la prohibición, Morales insistió en presentarse, aunque Arce no ha confirmado si buscará un segundo mandato, aunque hay voces en su gobierno que apoyan la idea.
Ignorancia
Las elecciones también son complicadas de entender para la gente. Los candidatos tienen prohibido hacer campaña y a los votantes les resulta difícil acceder a sus perfiles. “No conozco a nadie”, dijo Valentina Esteban, ama de casa de 57 años, sobre la competencia de candidatos.
“No estoy satisfecho con la justicia porque no se puede confiar en ella (…) No sé quién dice la verdad y quién miente”, añadió.
Velasco advierte que “los jueces son elegidos por el 2% o 3% de la lista de electores”. “No tienen legitimidad y esto se debe a que la gente no tiene mucha fe en el sistema”, señala. Durante el gobierno de Evo Morales se propusieron elecciones judiciales, argumentando la neutralidad.
“Vamos a unas terceras elecciones, donde aparentemente vamos a encontrar una solución a un problema que no tiene nada que ver con las elecciones”, concluyó Paukara.
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