Días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió enviar dos representantes para observar el proceso electoral que se celebrará el próximo 28 de julio.
Las personas designadas para esta misión son Sandra Damiani, directora de la Asesoría de Gestión Electoral del TSE, y José de Mello Cruz, jefe de Coordinación del Sistema Electoral. La Justicia Electoral de Brasil confirmó esta información en una notificación enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
El TSE no dio más detalles sobre los motivos de su cambio de postura. En junio, el tribunal generó polémica al rechazar la invitación de Venezuela, luego de que el chavismo fuera excluido de la misión de seguimiento de la Unión Europea.
Según lo acordado en Barbados, el chavismo debía permitir el ingreso de observadores internacionales al proceso electoral. Por ello, continuaron insistiendo tanto con Brasil como con Colombia, que continuaron evaluando la invitación luego de rechazarla inicialmente.
La posición de Brasil frente a Venezuela
El 9 de julio, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó la importancia de la “normalización de la vida política” en Venezuela para la estabilidad de América del Sur. En un discurso, afirmó, la comunidad internacional respetará los resultados de las próximas elecciones.
En ese sentido también coincidió Gisela Padovan, secretaria para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores. “A Brasil le gustaría que Venezuela se reintegre al MERCOSUR y a la comunidad internacional en su conjunto”.
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Padovan mencionó la posibilidad de enviar una misión al Parlamento de Marcosur (Parlasur) para las elecciones del 28 de julio, destacando la importancia de que el número de observadores sea “lo mayor posible” para fortalecer la legitimidad del proceso.
“Queremos un Mercosur de seis”, añadió, refiriéndose a los países fundadores del bloque -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- junto con Bolivia, que está en proceso de adhesión.
Venezuela está suspendida del Mercosur desde 2017 por falta de ratificación, violando muchas de las reglas internas y cláusulas democráticas del bloque.