con una espátula
La sociedad civil venezolana atraviesa actualmente un momento muy oscuro de su historia. En los últimos días, el país ha experimentado un aumento de las tensiones dirigidas contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) y todo apunta a la posible aprobación de legislación sobre supervisión, regularización, desempeño y financiamiento de organizaciones no gubernamentales y afines.
Este jueves 15 de febrero, el Ministro de Relaciones Exteriores y Canciller de la República, Iván Gil, anunció el cierre de la oficina técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, así como la expulsión de sus funcionarios. Quienes tengan 72 horas para salir del país.
Esta situación ha provocado diversas reacciones en el sector civil del país, ya que la decisión puede contribuir al cierre del espacio civil y puede tener un impacto significativo en el compromiso de cooperación gubernamental relacionado con la protección de los derechos humanos.
Además, se espera que cree una serie de efectos adversos que, a lo largo de la historia, se han acumulado en la práctica de la participación de la sociedad civil en la protección de los derechos humanos.
sobre esto, Darren Gibbs, abogado, especialista en derecho administrativo y especialista en derecho procesal, miembro del equipo legal de Defende Venezuela Y el profesor-investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV) dice que eso lo hará aún más difícil. “Seguimiento Directo a la Situación de Derechos Humanos en Venezuela”.
Una decisión con consecuencias
Esta situación crea desafíos adicionales para la sociedad civil venezolana, lo que subraya la importancia de la vigilancia y la movilización para proteger los principios fundamentales dentro de estos desafíos.
Por eso sucede Ezequiel Monsalve, abogado, experto en criminalidad y criminología y Coordinador de Litigios Internacionales de Defende VenezuelaExplica que tal acción gubernamental puede tener 5 consecuencias para el país:
Ausencia de asistencia técnica en derechos humanos a los Estados
El cierre de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos significa que el Estado venezolano carece de asistencia técnica especializada en temas de derechos humanos. Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
Restricciones a la protección de los derechos humanos en Venezuela
La decisión de expulsar a la Oficina Técnica del Alto Comisionado sugiere una posible limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar las violaciones de los derechos fundamentales puede verse socavada, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de las poblaciones.
Abandonar la agenda para vincular a la sociedad civil con los sistemas de seguridad
El cese de operaciones afecta negativamente el vínculo entre la sociedad civil venezolana y el sistema internacional de protección de derechos humanos. La ausencia de esta conexión puede socavar la capacidad de la sociedad civil para defender sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos, y puede afectar el impacto de las medidas en el Estado para implementar mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos.
Restricciones a la entrada de representantes de la ONU al país
Las decisiones de expulsar al Alto Comisionado de su cargo pueden resultar en restricciones significativas a la entrada de representantes de la ONU al país. La prohibición dificulta la evaluación objetiva de la situación de los derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas.
Limitaciones al acceso a información objetiva y fáctica para la presentación de recomendaciones
La falta de presencia de la oficina técnica del Alto Comisionado puede limitar el acceso a información objetiva y factual para la preparación de informes y recomendaciones. Esta falta de datos confiables puede afectar la calidad del análisis de la situación de los derechos humanos en el país, obstaculizando los esfuerzos para abordar los problemas existentes.
Ausencia de asistencia técnica al Estado, limitaciones a la protección de derechos humanos en Venezuela, desconexión entre la sociedad civil y el sistema de seguridad, restricciones al acceso de representantes de la ONU al país y restricciones de acceso. Material para obtener información objetiva y fáctica para informes de recomendaciones que crean una situación alarmante.
Esta situación no sólo pone en peligro el compromiso internacional de Venezuela con la protección de los derechos humanos, sino que también socava la confianza en la cooperación global y los mecanismos de supervisión.
Es crucial subrayar la importancia de restablecer canales de diálogo y cooperación para abordar los desafíos de derechos humanos, garantizando así la protección integral de los ciudadanos y el respeto de los principios fundamentales.
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