La renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus reemplazos ha generado incertidumbre en el proceso electoral del país, especialmente en lo que se refiere a las próximas primarias opositoras. La dimisión anunciada por el Parlamento ha planteado interrogantes sobre el futuro del proceso y las medidas a tomar para garantizar su continuidad y transparencia.
La Asamblea Nacional, a través de la agenda fijada para el 15 de junio, informó sobre la renuncia de los rectores y sus suplentes del CNE. Aunque no se dieron a conocer los nombres de los renunciantes, el incidente desencadenó un nuevo proceso de solicitud.
La aceptación de esta renuncia significa la designación de la Comisión Primaria de la Comisión Electoral de Postulaciones establecida en el artículo 295 de la Constitución, la cual tendrá a su cargo la convocatoria, recepción de postulaciones, preselección de los candidatos y remisión al Pleno. El parlamento proviene de diferentes ámbitos de la vida.
El Comité de Nominaciones Electorales de 21 miembros juega un papel fundamental en este proceso. Once de estos miembros son diputados designados por el pleno de la Asamblea Nacional, mientras que los diez restantes son propuestos por diversos sectores de la sociedad. Su función es evaluar las solicitudes recibidas y presentarlas a la consideración del Pleno del Parlamento.
Esta no es la primera vez que el CNE enfrenta renuncias. En 2020, nueve rectores, tanto titulares como suplentes, renunciaron en apenas tres meses, evidenciando una situación recurrente en el organismo electoral venezolano.
La renuncia de los rectores del CNE en Venezuela ha generado incertidumbre y zozobra en el proceso electoral del país, en especial respecto a las próximas primarias opositoras. El nombramiento de la comisión principal del Comité de Candidaturas Electorales y el papel que desempeñará en la selección de nuevos candidatos son elementos importantes para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. Ante este escenario, es fundamental tomar las medidas necesarias para asegurar la continuidad y participación de los diversos sectores de la sociedad en la construcción de un proceso electoral justo y confiable.
