El economista Gustavo García sostiene que un proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela es muy complejo y para lograr una situación estable en ese sentido “se necesitan unos 15 o 20 años”. Por tanto, esta opacidad de los datos complica la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago para reducir el importe.
La opacidad de la gestión de las finanzas públicas de Venezuela, combinada con la dinámica de los mercados internacionales en el contexto de sanciones contra el país, dificultan identificar a todos los acreedores de la deuda externa de Venezuela, destaca el informe elaborado por un equipo multisectorial liderado por El economista Gustavo García sobre la situación de la deuda al cierre de 2023.
“A pesar de una extensa revisión de la poca información disponible sobre la deuda y de entrevistas con diversas fuentes especializadas en el área, fue posible identificar acreedores del 40% de la deuda total de Venezuela”, señala el estudio. “La liquidación de la deuda salva a Venezuela”.
También se explicó que la mayor parte de la información recibida es sobre acreedores de deuda no financiera, mientras que “Abunda el secreto sobre los tenedores de bonos”.
García también destacó en el foro “¿Cómo se puede resolver para mejorar la situación de la deuda pública externa de Venezuela?” Organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que el proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela es muy complejo y para lograr una situación estable en este sentido, “se necesitan unos 15 o 20 años”. Por tanto, esta opacidad de los datos complica la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago para reducir el importe.
Economista indicó la deuda total del país. Serán 162.000 millones de dólares a finales de diciembre de 2024, Ese monto “seguirá creciendo exponencialmente desde que Venezuela lo anunció”. por defecto (impagos) y la deuda por intereses siguen aumentando.
Señaló que actualmente cada venezolano tiene su parte de esta deuda, es decir, cada ciudadano tiene una deuda equivalente a 5.600 dólares. “El PIB per cápita de Venezuela es de unos 3.600 dólares al año y la deuda es de 5.600 dólares. Una persona nacida en el país ya está endeudada”.
García recuerda que cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, la deuda era del 31% del producto interior bruto (32.000 millones de dólares) “lo que era perfectamente manejable”. Al 31 de diciembre de 2023, la deuda ya supera el 166% del PIB ($161.371 millones), “lo que genera un ambiente de incertidumbre financiera para el país”.
Al desglosar este total, la deuda por bonos de la República sumó $49.583 millones y los bonos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ascendieron a $39.600 millones. De igual forma, organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo CAF tienen una cuota de $4.000 millones. Además, los acuerdos de préstamos bilaterales que el chavismo tiene con otros gobiernos por un monto aproximado de $8.600 millones; así como 15.600 millones de dólares con China. “La única cantidad que no pudimos especificar es la deuda que tenemos con Rusia, Lo que sí sabemos es que el gobierno ha aportado una parte importante”, dijo García.
Explicó que la deuda hoy se emite en bonos al portador que cambian de manos todos los días, incluyendo en su mayoría fondos de inversión de accionistas, inversionistas individuales, fondos de pensiones, que se compran y venden en el mercado con relativa profundidad. “En este particular falta información pública y la que está disponible proviene de información reportada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y el Departamento del Tesoro”.
Al analizar estos datos, difícilmente es posible identificar posiciones totales que alcanzan el 19,39% del capital circulante para los bonos venezolanos y el 17,82% en el caso de los bonos de PDVSA, que están lejos de ser representativas de la deuda venezolana.
El informe explica que al tiempo que impone restricciones a la comercialización de bonos venezolanos en suelo americano, EE.UU. emitió la Licencia General No. 3 de la OFAC que permite a los inversores estadounidenses o a aquellos que operan dentro de territorio estadounidense realizar transferencias sin revelar su ubicación. Por una prohibición de período fijo que se ha extendido hasta febrero de 2019. Junto con la decisión –señala el documento– hubo un porcentaje no especificado de tenedores institucionales estadounidenses que vendieron o transfirieron sus bonos a inversores fuera del país.
“En principio, Europa ha sido un destino favorito, pero con sanciones y políticas de cumplimiento más estrictas en múltiples países, los inversores en jurisdicciones menos transparentes como Turquía, Rusia, China u Oriente Medio siguen beneficiándose. Además de los inversores institucionales, las personas o entidades de origen venezolano que estaban incluidas en la lista de la OFAC se vieron obligadas a desinvertir sus posiciones en fondos estadounidenses y europeos. al final, El resultado es un continuo deterioro de la información disponible para los tenedores de deuda venezolana, Menos de la mitad del porcentaje informado por el fondo antes de las sanciones financieras de 2017.
Odio con los demás
El informe “Los pagos de la deuda están salvando a Venezuela”. Destaca que la deuda no financiera de Venezuela asciende a unos $71.170 millones o el 44% del total. Esta clasificación incluye préstamos adquiridos con bancos multilaterales; con otros países sobre la base de acuerdos bilaterales; así como con empresas multinacionales que operaban en Venezuela, pero cuyos activos fueron embargados o confiscados y demandados en tribunales internacionales.
Los pasivos no financieros incluyen compromisos de la estatal PDVSA por incumplimiento de acuerdos de asociación con socios en empresas mixtas Chevron, Eni, Repsol, Chipre Ltd y otras; Así como la deuda bilateral con los países que integran el Club de París, un foro de discusión entre acreedores públicos de 22 países que buscan soluciones coordinadas y sostenibles para los países con problemas de pago.
Entre los prestamistas de deuda no financiera destaca China. Con este país se asumieron importantes compromisos en el marco de acuerdos bilaterales que, tras la creación de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela – China, al margen de la Oficina Nacional de Crédito Público y acordaron pagar en su mayor parte con envíos de petróleo.
En el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. De los 55 casos presentados contra Venezuela, 39 de ellos han concluido y los 16 restantes aún están pendientes de resolución. De los procedimientos ya cerrados, 14 demandantes han sido decididos a su favor; Un caso emblemático es el de la petrolera estadounidense Conoco-Phillips, que cuenta con tres sentencias.
La deuda comercial más alta de Venezuela Se trata de las empresas mixtas, que debían al menos 10.931 millones de dólares al cierre de 2023. Se trata principalmente de cuentas por pagar de Pdvsa con socios B extranjeros de empresas petroleras mixtas que operan en el país, principalmente Chevron, Eni y Repsol.
“Según información obtenida de fuentes directas, el 39,5% de la deuda de la empresa mixta pertenece a Chevron, el 18,1% a Eni, el 17,6% a Repsol y el 24,8% a otros socios. El saldo de los demás socios B de PDVSA, que significa unos $2.711 Según fuentes de las empresas, estas últimas informaciones no han podido ser confirmadas de forma independiente.
¿Cómo reconstruir?
“El proceso de renegociación requiere una auditoría oficial y debe evaluar todos los riesgos y cumplir con criterios mínimos de transparencia”, dice el informe.
Para Gustavo García “no hay duda de que Venezuela tiene que participar en un programa con el FMI (Fondo Monetario Internacional)” que muestre primero las estadísticas económicas, que no se entregan desde hace 20 años. “Hay que poner en orden las cuentas financieras del sector público (…) Debe haber una organización con credibilidad en el FMI que pueda actuar como una especie de auditor Estadísticas de la economía venezolana.
Un dato destacable que destacó García en el foro del OVF es que China tiene poder de voto tanto en el FMI como en el Banco Mundial, por lo que podrá bloquear cualquier solicitud u operación crediticia de Venezuela, claro si hay algún cambio en la situación del país. liderazgo político.
Explicó que debe haber consenso entre todos los acreedores para reestructurar los bonos de PDVSA, porque de lo contrario se corre el riesgo de que demanden a la petrolera estatal en tribunales internacionales para intentar hacer cumplir una orden de pago. “A finales de 2024, se deberán haber acumulado casi 5.000 millones de dólares en intereses sobre esta deuda, “Así que es probable que termine el año con una deuda de 60.000 millones de dólares”.
Según los economistas, si no cumplimos la promesa, esto tendrá consecuencias muy negativas para el país. “Si por defecto de deuda, es básicamente imposible de reestructurar, y aislará aún más al país, cerrará todas las puertas a la financiación internacional y el acceso a los mercados internacionales será mucho más complicado, por lo que es muy peligroso para este plan. Retención de pago por mal.
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