El Tribunal Conjunto de Justicia de Aruba, Curazao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius y Saba rechazó una apelación de los representantes legales del South American International Bank of Curacao NV (SAI-BANK) contra una sentencia dictada en primera instancia , que Suiza y Asociada de Consultoría y Servicios SA (CSA), Consultoría y Servicios Asociados LTD, registraron respectivamente en las Islas Vírgenes Británicas, así como una persona física venezolana, quien solo fue identificada como Jean Pierre.
La justicia de Curazao confirmó el fallo que obligó a un banco de la isla a devolver fondos a una empresa que asesoró a un contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y que fue congelado a raíz de obras realizadas por esa entidad. Un banco corresponsal en Puerto Rico.
Según nota de Chronicas del Caribe, la Corte Conjunta de Justicia de Aruba, Curazao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius y Saba desestimó el recurso de apelación presentado por los representantes legales del South American International Bank of Curacao NV (SAI-Bank ). Sentencia emitida en primera instancia, que lo obliga a entregar todo el dinero que le confió la Asociación de Consultoría y Servicios SA (CSA), Consultoría y Servicios Asociados LTD, sociedades registradas en Suiza y las Islas Vírgenes Británicas respectivamente. Así como un título individual venezolano, identificado únicamente como Jean Pierre.
Según expedientes judiciales, citados por los medios, tanto las empresas como los ciudadanos venezolanos mantienen una relación. Añadió que el individuo sería el beneficiario final de las negociaciones a través de las empresas, todas representadas por el mismo grupo de abogados.
En 2015, CSA celebró un “acuerdo de consultoría” con la empresa tailandesa Tipco Asphalt Public Company LTD. El objetivo esencial de la consulta, según reconocieron durante el caso, fue “colaborar en la negociación y compra de petróleo a la empresa estatal venezolana Pdvsa”.
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El acuerdo entre CSA y Tipco se amplió en 2018. Con esta decisión, empresas registradas en Suiza y las Islas Vírgenes, además de una en Venezuela, han optado por abrir cuentas en el Willemstad Bank.
Ese año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una serie de sanciones al régimen de Nicolás Maduro, que abarcaban a PDVSA y otras empresas estatales.
A mediados de 2019, Tipco pagó a CSA 4,3 millones de florines (2,38 millones de dólares) utilizando el Italbank de Puerto Rico, que actúa como banco corresponsal de SAI Bank.
Italbank identificó que las partes involucradas pueden estar relacionadas con el gobierno venezolano, lo que pone a esa entidad en riesgo de sanciones por parte del Tesoro estadounidense. Solicitó más información al SAI Bank y, tras confirmar sus sospechas, bloqueó el saldo del SAI.
Al mismo tiempo, la CSA y el contratista venezolano exigieron la devolución de su dinero al banco de Curazao. Los registros del caso indican que ascendieron a un total de 1,5 millones de dólares.
Durante el proceso, SAI Bank alegó que CSA lo había defraudado. Para acreditarlo, aportaron al tribunal una carta fechada el 9 de febrero de 2019, en la que dichas empresas aseguraron que “no mantienen ninguna relación comercial directa o indirecta con agencias del gobierno venezolano o empresas venezolanas o empresas mixtas venezolanas”.
Sin perjuicio de lo anterior, el poder judicial de la isla no ha aceptado el argumento. La instancia, presidida por el juez Cory ter Veer, junto con otros dos magistrados, indica que SAI ya conocía de antemano las operaciones que involucraban a sus clientes. Así que aquí no hubo engaño ni engaño”.
SAI Bank es una entidad propiedad del empresario ecuatoriano Juan Elzuri. Comenzó a ser noticia en agosto de 2017, cuando la fiscalía de Ecuador ordenó registros en sus oficinas en Quito y Guayaquil durante una investigación sobre presunta corrupción en los contratos gubernamentales de Rafael Correa con la transnacional brasileña Odebrecht.
En junio de 2018, el fiscal ecuatoriano César Suárez abrió un juicio contra los dos asesores bancarios. En su denuncia, dijo que la EFS facilitó el soborno por parte de intermediarios, “sin crear conciencia”. Curazao fue la agencia como eje central de operaciones. Un informante reveló que la SAI cobra hasta un 8% de comisión por el desembolso de fondos.
Fue uno de los primeros expedientes que vinculó al ex vicepresidente George Glass con presunta corrupción.
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