El Congreso de Madagascar aprobó esta semana un proyecto de ley que busca imponer la pena de castración quirúrgica o química a los condenados por abusar sexualmente de menores.
La citada ley, que ahora debe ser aprobada por el alto tribunal constitucional del país antes de que pueda ser promulgada por el presidente, ha suscitado polémica y críticas de organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional (AI), que la ha calificado de “cruel, inhumana y humillante”. “.
En un comunicado, la organización pidió a Madagascar que “derogue” la ley, ya que la castración “no es un medio eficaz para prevenir la violencia sexual” y “viola los derechos humanos de los condenados”.
“La castración es un castigo cruel, inhumano y degradante que no tiene cabida en el siglo XXI”, alega la agencia en la carta.
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“En lugar de centrarse en medidas punitivas, Madagascar debería invertir en medidas preventivas y en apoyo a las víctimas de violencia sexual”, añadió.
Otras organizaciones como Human Rights Watch (HRW) también han expresado su preocupación por la controvertida ley.
HRW señaló que la castración “no ha demostrado ser un método eficaz para prevenir la reincidencia”. Asimismo, señalan que “puede tener graves consecuencias para la salud física y mental de los afectados”.
Otros países como Indonesia, Nigeria y Corea del Sur también consideran en sus leyes la deportación como castigo para los violadores.
Castración “química o quirúrgica”
El texto prevé la castración quirúrgica como castigo. Se aplicará a “los autores de violación cometida contra un niño menor de diez años”.
Según el diario Avisos de Contraste, en los casos de violación de niños de entre diez y 13 años se considera la castración “química o quirúrgica”.
Algunos sectores de la sociedad del país africano aplaudieron la medida. Lo ven como una forma de disuadir a posibles abusadores y proteger a los niños.
