con una espátula
La red regional de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Cívicas, IFEX-ALC y Voces del Sur instan Repetir el rechazo público Por el avance de iniciativas legislativas que permitan la criminalización de organizaciones legítimas y la protección de las actividades de la sociedad civil venezolana por el derecho humano a la libertad de asociación, fundamental para garantizar el espacio civil.
Por Espaciopublico.ong
Luego de su aprobación en primera discusión hace casi un año, el 12 de enero, el proceso de revisión parlamentaria de la “Ley de Supervisión, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organismos Privados y Afines” se reanudó al inicio de consulta pública, a pesar de que el proyecto ha sido pública y oficialmente hasta la fecha No disponible.
Desde la presentación ante el Parlamento, ha surgido un discurso escandaloso que acusa a las organizaciones de la sociedad civil de “enemigos del país” que realizan trabajos sociales, humanitarios y de derechos humanos de utilizar supuestamente “fondos ilegales” para “financiar el terrorismo”.
La propuesta legislativa faculta al poder ejecutivo para supervisar, inspeccionar, regular y autorizar agencias y ordenar asuntos a través de poderes legislativos y de supervisión. Tal poder está sujeto a la existencia de organizaciones al arbitrio de los intereses del gobierno de turno, lo que viola la autonomía y la independencia.
El proyecto impone la obligación de proporcionar información sobre “constitución, estatutos, actividades realizadas, fuentes, administración y destino de sus recursos, incluyendo detalles de sus fuentes de financiamiento”, en un contexto donde dicha información ha sido utilizada para persecución. y criminalizar sectores importantes para el gobierno.
La transparencia es un pilar fundamental del trabajo de la sociedad civil y se utiliza como una buena práctica, pero la obligación legal no está formulada en garantías institucionales claras que respeten y protejan efectivamente la libertad de asociación.
Venezuela atraviesa una crisis estructural que impacta negativamente en la garantía de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos y tiene consecuencias a nivel regional por el desplazamiento de millones de personas hacia otros países del continente. Miles de personas dentro del país son beneficiarias de programas de asistencia social y humanitaria necesarios para abordar emergencias humanitarias complejas; Si se aprueba esta ley, el trabajo se verá severamente limitado. De igual forma, será ilegalizada y automáticamente sospechosa de cometer un delito conforme a esta ley cualquier iniciativa autónoma e independiente de los intereses gubernamentales, incluidas las organizaciones, grupos y movimientos sociales, religiosos, sindicales, educativos, comunitarios, ambientales, vecinales. .
Las empresas venezolanas están sujetas a una serie de registros y cumplen con sus compromisos financieros. Existe un marco regulatorio restrictivo, como la Ley Orgánica contra el Financiamiento del Crimen Organizado y el Terrorismo o la Providencia Administrativa No. 002-2021, que, entre otras prácticas, en la práctica impide Para dar de alta nuevas organizaciones o actualizar su documentación. En esta situación, se facilitó la intervención arbitraria de la sociedad civil y se acosó penalmente a guardias y trabajadores; La situación se ha agravado de cara al proceso electoral previsto para este año.
Llamamos a la comunidad internacional a brindar su apoyo Con medidas que impidan que estas y otras leyes similares avancen en la región, ya que sólo buscan privar de libertad a nuestro país.. Estas iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes y promueven prácticas más restrictivas y antidemocráticas. De aprobarse esta ley, quedará más limitado y amenazado el trabajo de las empresas privadas en Venezuela, que pueden abrirse. Un aumento de la persecución penal contra defensores y activistas.
La restauración de la democracia requiere de la defensa activa de la sociedad civil: personas, organizaciones, grupos, iniciativas y movimientos que, desde sus diversos e inmutables mandatos, pueden contener prácticas restrictivas e ilegales, que niegan instituciones para preservar y concentrar el poder ilimitado, los derechos de todas las personas y A costa de la dignidad.