En Venezuela, desde 2010 es legal que una persona cambie su nombre en función del género. Han pasado 13 años y el estado aún tiene que honrar este derecho de las personas trans e intersexuales.
Caracas. “No son seis meses, son 13 años sin cumplir el derecho a la identidad Y al parecer los funcionarios del Consejo Nacional Electoral son los responsables de esta disparidad“. Así describe la abogada Rachel Brisnow el estado actual de lucha de las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer (LGBTIQ+), en particular las personas trans e intersex, por El derecho a la identidad.
Los cambios de nombre son legales en Venezuela desde 2010, año en que entró en vigencia la actual Ley Orgánica del Registro Civil (LORC).
Así se refleja en el artículo 146 que detalla que se hará este cambio”sólo una vez”, cuando el nombre de una persona “Notorio, lo someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se ajuste a su género, afectando el libre desarrollo de su personalidad.“.
A pesar de esto, 13 años después de la entrada en vigor de este reglamentoEn el país, quienes desean ejercer su derecho a la identidad cambiando su nombre, luchan contra el mismo obstáculo: el CNE.
El organismo electoral a través de uno de sus órganos subordinados (Comisión del Registro Civil y Electoral) es el encargado de gestionar los asuntos del registro civil.
Una promesa rota y una población esperando
Para Richelle Briceño, quien además de abogada es mujer trans, esto sucede porque los funcionarios estatales y el CNE refuerzan sus prejuicios por encima de los derechos contemplados en la ley. “Por ninguna otra razón, no es una cuestión de interpretación de la ley. La Ley (Orgánica del Registro Civil) es clara“.
El 21 de noviembre de 2022, tres activistas de la población LGBTIQ+ se encadenaron frente a la Defensoría del Pueblo, para exigir, entre otras cosas. Derecho a la identidad y cumplimiento del artículo 146 de la LORC. Reichel recordó que esto produjo una cierta “reacción violenta” por parte del Estado.
“Cuando se desconvocó el paro fue porque se realizaron varias reuniones: con la Asamblea Nacional, con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Se presumió desde la Asamblea que no se estaba cumpliendo el artículo (146 de la LORC)“comentó.
El jurista agregó que en esas reuniones los diputados Pedro Infante e Iris Varela se comprometieron a hacer cumplir la ley con el CNE.
“Es este puente entre la AN y el CNE el que nos permitió abordar la solicitud de cumplimiento del 146. CNE determina que no procede solicitar aclaración, Reconocer que cualquier persona puede solicitar un cambio de nombre. Sin embargo, establecen que deberán implementar dos medidas: una administrativa y otra técnica, para cumplir con el cambio de nombre.“dijo Briseño.
En concreto, la CNE deberá “adaptar” una resolución administrativa para regular lo que es compatible con el cambio de nombre, y luego esperar a que la CNE cumpla con la “adaptación técnica de la plataforma”, que ya ha realizado el servicio de identificación administrativa, migración. e inmigración (Saime).
Desde entonces, la comunidad trans e intersex ha estado esperando una respuesta que no se ha dado.
En 2023 se realizaron varias protestas en la sede del CNE en Plaza Caracas exigiendo, sin éxito, el inicio de un cambio de nombre por género, algo que aún no había ocurrido en el país.
Un derecho que no es un capricho
El derecho a la identidad de las personas trans, no binarias e intersex es un derecho y sin acceso a él sufren como consecuencia de un deterioro en su calidad de vida.
“Al no poder acceder al derecho a la identidad, están condenados a una situación de vulnerabilidad que se refleja en la vida cotidiana: no poder acceder a trabajos dignos, no poder romper el ciclo de la pobreza y la pobreza extrema.“Yendri Velásquez, Coordinadora del Observatorio de Violencia LGBTIQ+ de Venezuela.
Según los activistas, esta situación incide en la precariedad económica de las personas, que en algunos casos las margina aún más en una sociedad venezolana que carece de políticas para atender sus necesidades.
“Hoy en día las personas trans, no binarias e intersexuales no participan formalmente en la actividad económica, ya que es limitada. También se puede ver cómo este tema ha dificultado el acceso a la salud y la educación. Como con todos los derechos humanos, el derecho a la identidad y la falta de ella impiden el acceso a otros derechos“dicho.
Un área particular donde esto ha tenido un impacto es el trabajo que realiza OVV-LGBTIQ+, monitoreando la violencia que experimentan las personas en la comunidad.
“Cuando una persona trans quiere ir a la fiscalía especial, la unidad de atención a la víctima le pide su documentación, y lo que pasa es que cuando se presenta el documento se crean procesos elaborados y pueden repetir el proceso para denunciar a las personas trans.“comentó.
En el caso específico de las mujeres trans, el no reconocimiento de su identidad hace que las agresiones no sean consideradas actos de género y no estén contempladas en las leyes que protegen a las mujeres, sino que sean tratadas como simples agresiones sin causales agravantes. ..
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