Marino Alvarado, experto en derechos humanos y miembro del consejo asesor del Programa de Educación para la Acción en Derechos Humanos (PROVA) de Venezuela, explicó que las desapariciones forzadas se utilizan a menudo como una táctica para infundir miedo entre los ciudadanos. La sensación de inseguridad que genera esta práctica no se limita a los familiares de la persona desaparecida, sino que afecta a sus comunidades, grupos de trabajo y a la sociedad en su conjunto.
Autor: hora de venezuela
Desde el 7 de enero, familiares, compañeros, compañeros, personal y estudiantes de Carlos Correa desconocen su paradero. Ese día, el periodista, defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Espacio Público fue detenido en el centro de Caracas y presuntamente detenido por agentes de seguridad, quienes vestían ropa oscura y ocultaban su rostro con pasamontañas.
Su esposa Mabel Calderín y miembros de diversas ONG denunciaron la desaparición luego de visitar la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Plaza Venezuela y la capital venezolana El Helicoide, así como la Dirección de Contrainteligencia Militar. (Dgcim) en Mariperez, intenta averiguar su ubicación. En todas partes la respuesta fue la misma: “Carlos no está aquí”.
“El derecho mundial castiga severamente las desapariciones forzadas porque no sólo es un delito contra la libertad individual, sino también contra el ejercicio de los derechos”, afirmó Zaire Mundere, ex director de acciones procesales del Ministerio Público.
Luego de 8 días de búsqueda, pedidos de información y hasta un recurso de hábeas corpus, que fue rechazado, el miércoles 15 de enero, el fiscal 52 con experiencia nacional en delitos económicos, Alirio Mendoza, confirmó a Calderín que Carlos Correa se presentó ante él. El jueves 9 de enero, dos días después de su desaparición, el juzgado cuarto de control con capacidad en terrorismo. No tuvo acceso a una defensa privada, ya que se le asignó un defensor público.
En esa reunión con Calderín, el fiscal dijo que no podía informar sobre los cargos que se le imputaban a Correia. Tampoco reveló el lugar de detención a sus familiares ni a los abogados defensores. El funcionario confirmó que Carlos Correa estaba en prisión, pero declinó dar más detalles.
La madrugada del 16 de enero, Carlos Correa salió de prisión bajo medidas cautelares. A pesar de haber sido puesto en libertad bajo condiciones, se vio obligado a desaparecer.
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“Las desapariciones forzadas se utilizan a menudo como táctica para infundir miedo entre los ciudadanos.s La sensación de inseguridad que genera esta práctica no se limita a los familiares de la persona desaparecida, sino que afecta a sus comunidades, grupos de trabajo y a la sociedad en su conjunto. Lamentablemente, esto se ha convertido en una práctica cada vez más común en Venezuela”, explicó el activista Marino Alvarado, miembro del Consejo Asesor del Programa Venezolano de Educación para la Acción en Derechos Humanos (PROVIA).
Alvarado recuerda que, en el pasado, la desaparición forzada era un símbolo de dictadura militar, pero en el caso de Venezuela, se ha convertido en un método de represión contra opositores políticos, incluidos líderes de partidos, defensores de derechos humanos, periodistas o familiares de estas personas. Todo este apoyo en la lucha contra el terrorismo, como una especie de incumplimiento patente de los ideales que hacen de la desaparición forzada un delito de Estado, consideró.
Otros activistas de derechos humanos coinciden con Alvarado. A través de un comunicado firmado por la ONG que dirige Correa, Espacio Público, revelaron que su caso es “parte de la intensificación de la represión postelectoral que busca silenciar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos”.
El crimen se convierte en la norma
El abogado penalista Zaire Mundere, exdirector de acciones procesales del Ministerio Público (MP), sostiene que Venezuela es parte de la Convención Internacional de las Naciones Unidas (ONU) para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El Código Penal prevé penas de prisión de 12 a 20 años para toda persona al servicio de una autoridad o Estado que ilícitamente prive a un ciudadano de su libertad y se niegue a reconocer su cargo.
“El comité de la ONU ha emitido una alerta sobre lo que está pasando en Venezuela. “La desaparición forzada es tan grave que es uno de los crímenes contra la humanidad del Estatuto de Roma”, explicó el consultor.
Pero en las detenciones políticas, los agentes estatales han convertido la práctica de las desapariciones forzadas en la norma, advirtió.
“Las desapariciones forzadas se utilizan a menudo como táctica para infundir miedo entre los ciudadanos”, explica Marino Alvarado, miembro del consejo asesor de Provera.
“La desaparición forzada puede adoptar cualquier forma, empezando por la detención arbitraria, el arresto, el secuestro o la privación de libertad. entonces, La persona que lo tiene niega que realmente lo tenga.. La ley del mundo castiga severamente la desaparición forzada porque no sólo es un delito contra la libertad personal sino también contra el ejercicio de los derechos”, explicó.
A las víctimas de desapariciones forzadas se les niegan garantías constitucionales y legales, como el derecho a comparecer ante los tribunales dentro de las 48 horas siguientes a su detención; para obtener ayuda legal, averiguar el motivo del arresto o comunicarse con su familia.
“Quien tiene una persona y niega que esté allí ha cometido un delito grave [artículo] 180A del Código Penal venezolano que es desaparición forzada. Pero en las desapariciones están involucrados los dos organismos llamados para evitar que esto suceda, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Es muy serio. Especialmente en el caso de Tarek William Saab, quien lo apoya después de estar desaparecido forzadamente durante muchos días, ordenan a estas personas y él finge que han sido detenidos mediante informes policiales falsos”, agregó.
En Venezuela se han realizado 18.237 detenciones políticas desde 2014, según cifras de Cuatro Penales. La mayoría de ellas comenzaron como desapariciones forzadas, reiteró Mundere, porque las autoridades se negaron a identificarlas por nombre y ubicación y a explicar los motivos de su detención de conformidad con la ley vigente.
“Ahora lo hacen [funcionarios] Encapuchado, con brazos largos, sin pancarta. [del organismo de seguridad]. Todos se comportan de forma nocturna, visten ropa negra. Ahí comienza una situación de desaparición forzada porque la detención puede ser perpetrada por un grupo, una guerrilla o grupo criminal, o un organismo de seguridad del Estado”, explica el abogado.
En Venezuela, estos casos tienen un patrón: las fuerzas de seguridad no brindan información sobre su paradero, aunque las familias visitan los centros de detención y preguntan si están allí; Los fiscales denuncian que los fiscales presentan a las víctimas más allá de los plazos y los jueces apuntalan el proceso con registros falsificados.
“Existe todo un marco en el sistema para permitir las desapariciones forzadas. Incluso después de que están documentadas la creación de centros secretos de tortura como la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) o la Dirección de Acciones Estratégicas (Daet) de la Policía Nacional Bolivariana”, comentó.
Casos registrados en 2025
El caso de Carlos Correa no es el único que muestra cómo las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica frecuente y común del Estado venezolano.
Hasta el 15 de enero de 2025, familiares, organizaciones y ciudadanos condenamos las desapariciones forzadas:
Enrique Márquez. El excandidato presidencial y coordinador del Partido Centrado con el Pueblo fue detenido el 7 de enero. “Fue secuestrado por grupos parapoliciales que, utilizando la fuerza como ley, buscan silenciar e intimidar a quienes queremos un país mejor y tenemos una perspectiva diferente”, dijo su esposa. A la fecha de publicación no hay información sobre su paradero y el gobierno lo ha vinculado con “complots conspirativos”.
Ángel Godoy. El presidente del Movimiento Democracia e Inclusión y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fueron detenidos la tarde del 8 de enero en Los Texas, estado Miranda. Nimar Evans, fundador de esta organización, informó a través de su red social. Su hermana, esposa, hijos y amigos quieren pruebas de vida ya que se desconoce su paradero.
Julio Balza. Es miembro del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado y fue detenido luego de un mitin el jueves 9 de enero en Caracas. Su defensa apeló ante el tribunal ya que no hubo información de su familia durante más de 5 días. Fue detenido por agentes no identificados en el municipio de Chakao.
“En Venezuela se han registrado 18.237 detenciones políticas desde 2014, según cifras del Foro Penal. La mayoría de ellas comenzaron como desapariciones forzadas”, dijo Jair Mundere, exdirector de medidas procesales del Ministerio Público.
Noel Álvarez. Expresidente de Fedekamaras y jefe de @ConVzlaComando en el estado Miranda que fue detenido el 10 de enero. Su hija denunció en redes sociales que desconoce su paradero, condiciones de detención y cargos contra su padre. “Los familiares no pueden ni deben sentirse cómodos con la idea de que posiblemente estén bajo custodia de una agencia estatal”, dijo el submarino al fiscal.
Anderson Rivas. Es dirigente del Partido Político Popular Voluntario en Yarraquí, el 10 de enero se informó su detención en Chivacoa, Municipio Brujual. Hasta el momento se desconoce qué organismo realizó el procedimiento y el paradero de Rivas. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clipve) expresó preocupación por la situación de Rivas y responsabilizó al Estado venezolano de garantizar su integridad.
Rafael Tudor. Es yerno de Edmundo González Urrutia, quien denunció su secuestro el 7 de enero. Tudares quedó varada mientras llevaba a sus hijos al colegio. Unos hombres encapuchados y vestidos de negro lo obligaron a subir a una furgoneta. Desde entonces se desconoce su paradero. “Mis nietos vivieron un momento de miedo cuando se llevaron a su padre. En su ausencia, ese terror crece día a día. 7 días después no sabemos dónde ni cómo está Rafael. “¡Queremos justicia y libertad!”
Hay otros nombres que aparecen en informes como los de misiones y grupos de trabajo de la ONU que han documentado casos de detenciones comenzando con informes de secuestros y desapariciones forzadas. Estas menciones incluyen a Anthony Michel Molina Ron, Emirlendris Carolina Benitez Rosales, Maria Auxiliadora Delgado Tabosky y Juan Carlos Marrufo Capozzi, Josners Baduel, Oreste Alfredo Schiavo Lavery, José Javier Tarazona Sanchez, Ramon Centeno Navir, Maria Navir, Ramon Centeno, María Navir, Josners Baduel. Uaiparú Güerrere López, José Ignacio Moreno Suárez, Luis Enrique Camácaro Meza, Dignora Hernández Castro, Williams Daniel Dávila Barrios, Perkins Asdrubal Rocha Contreras, Yeni Lucia Barrios Torbello y Biagio Pillieri Gianninoto, registrados entre 2023 y 2024.
Las desapariciones forzadas, así como las detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles documentadas en Venezuela en los últimos años, son parte de una investigación abierta sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad liderada por miembros de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Estado o partido venezolano, según Provea.
*Venezuela opera en un ambiente hostil para la prensa con decenas de instrumentos legales para castigar la palabra periodismo, en particular leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido se publica teniendo en cuenta las amenazas y restricciones impuestas a la difusión de información dentro del país.
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