con una espátula
El Gobierno de Chile condenó este jueves la negativa de Venezuela a desembarcar a los migrantes de aquellas nacionalidades expulsados del país y anunció “máximos esfuerzos” para lograr un acuerdo al respecto.
El avión debía partir hacia Venezuela pero “lamentablemente este vuelo no fue autorizado”, dijo la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, en medio de presiones de la oposición para acelerar la deportación de inmigrantes irregulares vinculados al aumento de la delincuencia. en el país.
El vuelo tenía como objetivo repatriar a 60 venezolanos sin documentos migratorios. Según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, las personas fueron identificadas, detenidas por la Policía de Investigaciones (PDI) y habilitadas para su devolución.
Según la ley chilena, sólo pueden permanecer detenidos cinco días, por lo que si no son expulsados dentro de ese tiempo, deben ser liberados.
“El gobierno (de Chile) ha hecho amplios y variados esfuerzos para permitir que prosigan los procesos de deportación”, lamentó Toha, quien ha enfrentado amenazas de juicio político por parte de opositores de derecha por exigir la expulsión de 12.000 inmigrantes. Antes de que termine el año irregular
El ministro aseguró que el Gobierno del izquierdista Gabriel Boric -que ha endurecido el tono sobre la inmigración irregular en las últimas semanas- iba a tomar “medidas al más alto nivel diplomático para resolver esta cuestión” y poder expulsarlos. Resuelto por la justicia..
Desde 2017, Chile ha registrado un aumento significativo en la llegada de migrantes procedentes de Venezuela, miles de los cuales han cruzado la frontera a través de Bolivia o Perú a través de rutas clandestinas.
De los 1,7 millones de extranjeros que han llegado a Chile en los últimos años, casi la mitad son venezolanos, según estimaciones oficiales.
En un esfuerzo por mejorar la coordinación política con Venezuela, el gobierno chileno nombró este año un nuevo embajador en ese país, el socialista Jaime Gazmuri, cargo que lleva cinco años vacante.
El aumento de la inmigración irregular ha dominado el debate en Chile luego de una serie de casos policiales de alto perfil en los que los extranjeros han sido los protagonistas, incluido el ataque con granada contra un oficial de policía el 19 de noviembre.
En medio de una creciente sensación de inseguridad entre los chilenos, el país volverá a votar el 17 de diciembre en un referéndum para decidir si se aprueba un borrador de una nueva constitución que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, según encuestas. (1973-1990).
La oposición se ha alineado con la opción “favorable” del nuevo texto, que ha sido promocionado como una “constitución de seguridad”, y en uno de cuyos artículos se incluye la obligación de expulsar a los inmigrantes irregulares en el menor tiempo posible. AFP