Aruba debe ajustarse a las condiciones establecidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos que impiden la deportación.
Un juez de apelaciones en Aruba prohibió al gobierno de la nación insular, encabezado por Evelyn Weaver-Cross, deportar a inmigrantes que están luchando en los tribunales por una medida que les impide recibir asilo.
Según el fallo, Willemstad debe basar sus condiciones en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho de “no devolución” a una zona donde se considera que la vida de una persona está en riesgo.
La decisión judicial de Aruba es resultado de una apelación de un barbero venezolano de 27 años que abandonó el país en 2019, solicitó medidas de protección al ejecutivo de la isla en 2021 y las volvió a presentar dos años después.
En su momento, el Ministerio de Justicia y Asuntos Sociales, encabezado por Rocco Tozón, rechazó la primera solicitud de Venezuela y ordenó su expulsión inmediata de la isla; Aplicar sus decisiones con base en la Ordenanza Nacional de Admisión y Deportación y la Ordenanza Nacional de Jurisdicción Administrativa.
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El juez destacó que su sentencia no sólo debe ser cumplida en este caso, sino que además tiene un “alcance más amplio”; Es decir, se ha establecido un punto de referencia para los próximos pasos del gobierno de Aruba en situaciones similares.
“A la espera de la implementación de este reglamento, el Ministro, para proporcionar los recursos efectivos necesarios, debe adoptar una política específica según la cual los extranjeros siempre pueden esperar una objeción o apelación contra el rechazo de una solicitud de protección en Aruba. Por lo tanto, la deportación debe suspenderse hasta que se resuelva la objeción”, indicó el abogado.
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V) para refugiados y migrantes de Venezuela presentó el pasado viernes 6 de diciembre su plan de respuesta 2025-2026 para atender las necesidades de estas personas, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, para prevenir los movimientos migratorios y atender sus necesidades.
Se anunció que para alcanzar este objetivo se necesitarían alrededor de 1.400 millones de dólares durante el primer año; que apoyará a más de 2,3 millones de refugiados y migrantes vulnerables y sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe. Se necesita la cooperación y el compromiso de la comunidad internacional para brindar apoyo financiero a los países anfitriones.
Con información de Crónicas del Caribe
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