La “aceleración judicial” que busca la propuesta de la “Casa de Justicia” parece alejarse de los lineamientos del Ministerio Público, pues en los últimos años se han reportado varias irregularidades en los procesos judiciales que están relacionadas con dilaciones procesales.
El Ministerio del Interior, Justicia y Paz presentó una propuesta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Ministerio Público (MP) y a la Defensoría del Pueblo para transformar los centros de detención preventiva de las comisarías en “casas de justicia” donde se inicien los procesos judiciales.
Elaborada por Tarek William Saab, el fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, la idea es transformar los centros de detención, donde se encuentran las personas privadas de libertad, en casas de paz donde se realicen “audiencias en tiempo real”.
“Todos los centros de detención deben ser transformados en casas de justicia y paz para que, con la presencia de un fiscal del ministerio público y jueces competentes, se avance en la aceleración de los procesos penales”, dijo.
La propuesta fue presentada durante el Consejo General de la Policía, en el marco del emergente Plan Visión de Desarrollo Policial 2030 que “será implementado dentro de los lineamientos de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para fortalecer el discurso con las fuerzas populares organizado por los cuerpos policiales y de seguridad”.
Durante el Consejo General de Policía, presentamos el plan de visión emergente 2030 para el desarrollo policial para fortalecer el diálogo con las fuerzas populares organizado por los cuerpos policiales y de seguridad, en el marco de la misión Gran Cuadrantes de Paz. pic.twitter.com/3rZiVgzSac
— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) 21 de julio de 2023
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El ministro del Interior, Remizio Ceballos, agregó que el plan contempla un trabajo conjunto con el Ministerio Público, el TSJ y la Defensoría del Pueblo para garantizar una “tutela judicial efectiva”.
Ceballos aseguró que, con este enfoque, se respetará el debido proceso y la defensa de los derechos constitucionales y humanos de los presos, pues esa es una “línea fundamental del Estado y del Gobierno bolivariano”.
La “aceleración judicial” que busca esta propuesta parece estar muy lejos de los lineamientos del Ministerio Público, ya que en los últimos años se han reportado múltiples irregularidades en los procesos judiciales que se relacionan con dilaciones procesales, que van desde audiencias de instrucción postergadas hasta la emisión de boletas que no se entregan durante meses.
Estos cambios se presentan en el contexto de investigaciones iniciadas por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente en el país al amparo de instituciones como los ministerios públicos. El 9 de junio, el fiscal de la CPI, Karim Khan, y el presidente Nicolás Maduro firmaron un memorando de entendimiento para establecer una oficina judicial en el país.
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