Humberto Prado, director del OVP, dijo que el Estado no ha atendido la situación de los privados de libertad durante años. Asimismo, consideró que se cometió un delito al desalojar La Planta y enviar a los internos a otro penal “porque nadie puede ser juzgado fuera de la jurisdicción donde se cometió el delito”.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, criticó este miércoles 5 de junio a la administración de Nicolás Maduro por demorarse en resolver la crisis penitenciaria del país con demoras procesales, hacinamiento, corrupción, etc. Drogas en prisión, entre otros.
Así, Prado habló el pasado 2 de junio sobre los procedimientos realizados en el penal La Planta -conocido hoy como Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar- donde se registraron desalojos arbitrarios por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
En entrevista con Radio Fe y Alegría, el director del OVP recordó que Caracas ya vivió el cierre de otros penales como Junquito, Catia y La Planta, mientras que la ciudad cuenta con 10 juzgados de apelación, 52 juzgados de control, 30 juzgados y 17 tribunales de apelaciones. Por ello, cuestionó la falta de instalaciones penitenciarias en la capital del país.
Por ello, dijo que es probable que los detenidos sean trasladados a otros centros de detención como Las Crislidas, Yare o El Rodeo; lo que violaría la Constitución “porque nadie puede ser juzgado fuera de la jurisdicción donde se cometió el delito”.
Celsa Bautista, ministra de Servicios Penitenciarios, explicó la tarde del domingo 3 de junio que las autoridades decidieron desalojar por completo las instalaciones del centro de formación de hombres nuevos Simón Bolívar en la ciudad de Caracas, conocido como prisión La Planta. Para habilitar otras dependencias en este espacio.
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A través de su red social, Bautista indicó que los privados de libertad en La Planta fueron trasladados a otros recintos penitenciarios del país, tomando en cuenta factores como su situación jurídica, la cercanía con sus familiares y el tribunal de origen de su caso. .
Enfatizó que el traslado se hizo por respeto a los derechos humanos de la población penitenciaria y analizando la posibilidad de que se establezcan arreglos alternativos para el cumplimiento de penas distintas al encarcelamiento.
Luego, el OVP denuncia que el traslado de más de 50 presos políticos, sociales y extranjeros es arbitrario, inconsulto y no corresponde a la realidad jurídica de todos los privados de libertad.
“La ministra miente”, insistió el Observatorio, en referencia a Celsa Bautista, titular de la cartera del Servicio Penitenciario, quien dijo en su red social que los traslados se realizaron según “su situación jurídica”; Proximidad familiar y con su corte de origen.
La realidad es diferente para el OVP. La organización no gubernamental señaló que el traslado incluye a varios presos cuyos casos se encuentran en Caracas, pero se encuentran ubicados en otros estados, donde también estarán alejados de sus familias que les brindan los insumos que necesitan para sobrevivir. Tanta indiferencia”.
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