Amnistía Internacional condenó este martes un alarmante retroceso en el respeto y protección de los derechos humanos en El Salvador y advirtió sobre la paulatina sustitución de la violencia estatal por la violencia de pandillas, cuyas víctimas son comunidades en pobreza e históricamente atrapadas por el crimen.
“El deterioro de la garantía de los derechos humanos en El Salvador en los últimos años es sumamente alarmante. Adopción una Medidas de seguridad altamente restrictivas Y la debilidad del Estado de derecho ha llevado al país a su peor crisis desde el fin del conflicto armado interno”, dijo en una conferencia de prensa Anna Picker, directora para las Américas (AI) de Amnistía Internacional.
Junto a varios representantes de organizaciones de derechos humanos en El Salvador, Picar presentó el informe de Amnistía Internacional basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas.
El informe describe la política de seguridad salvadoreña con un sistema penal y un marco legal que pone en riesgo el debido proceso. Critica el “uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en las cárceles”.
Amnistía Internacional llamó al Estado salvadoreño a levantar el estado de emergencia y las reformas legales que entraron en vigor el 22 de marzo de 2022. Violan el debido proceso y anulan garantías judiciales. Recomienda garantizar el retiro ordenado de las fuerzas armadas y fortalecer la capacidad de la Policía Nacional Civil en labores de seguridad pública.
Peak destacó que “es una solución casi de corto plazo que no es sostenible en el tiempo y lo único que hace es sustituir una forma de violencia por otra y las víctimas siguen siendo las mismas”.
Amnistía Internacional reveló que tuvo acceso a una base de datos de organizaciones de la sociedad civil y, según su análisis, demostró que Víctima de arresto arbitrario Comparten tres características socioeconómicas: “un bajo nivel de educación, empleo precario y vivir en una zona estigmatizada por la pobreza o el control de las pandillas”.
El representante de AI criticó la aplicación de la política de mano dura del presidente Nayeb Bukhel en la lucha contra las pandillas, y el gobierno sostiene que la tasa de criminalidad ha disminuido significativamente con una actividad casi nula por parte de las pandillas que han estado allí durante años. El país ha entrado en pánico.
Las llamadas maras o pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero también extorsionan a comerciantes y empresas de transporte. Tienen presencia en zonas y comunidades pobladas.
En 2015, El Salvador fue considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
En 2023, la Policía Nacional Civil contabilizó 195 asesinatos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, una disminución del 67% respecto de los 598 del mismo período del año anterior.
Picker cuestionó que “un sistema de seguridad exitoso no es posible con violaciones generalizadas de derechos humanos; Por definición, no tiene éxito”. Y calificó de “indignante” que las autoridades “negaran abiertamente” la existencia de violaciones de derechos humanos.
Y no sólo episodios “aislados”, señaló, “sino lo que parece ser un patrón claro de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso, torturas y malos tratos durante la detención y muerte”.
Según el informe de Amnistía, hasta octubre de 2023, las organizaciones de derechos humanos han registrado más de 73.800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal.”
En una prisión de El SalvadorSe estima que 120.000 personas están privadas de libertad, lo que deja al país con una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, alrededor del 236% de hacinamiento.
Las autoridades de seguridad y el propio presidente Bukele han dicho que el estado de emergencia se mantendrá mientras sea necesario y terminará hasta que las pandillas sean eliminadas del territorio salvadoreño.