En una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet el 1 de enero de 2024, Nicolás Maduro dijo que todas las personas asesinadas en las protestas del 28 y 29 de julio eran responsabilidad de la oposición. La afirmación es falsa y forma parte de la narrativa oficial para criminalizar a la oposición por un presunto intento de golpe de Estado.
En la ya habitual entrevista al presidente Nicolás Maduro por parte del periodista Ignacio Ramonet, que se transmite cada 1 de enero, el mandatario nacional insistió en culpar a la oposición por las muertes de las protestas del 29 y 30 de julio, mientras fuerzas de seguridad del Estado y el Consejo Nacional anunciaron las elecciones presidenciales del 28 de julio. Después de los controvertidos resultados electorales, grupos ciudadanos armados (combinados) salieron a sofocar las protestas callejeras. Electoral (CNE) y donde Nicolás Maduro declaró ganador a su oponente de Unidad, Edmundo González Urrutia.
El presidente dijo que todos los muertos eran víctimas de los llamados comandos, clasificados según la descripción oficial como grupos de criminales o terroristas pagados por el gobierno.
Los Comandos son grupos civiles formados a petición de la organización política Vente Venezuela de la líder opositora María Corina Macaco para proteger el proceso electoral.
Todas las personas murieron en la violencia del estallido fascista del 29 y 30 de julio, todas las víctimas de estos grupos llamados comandos, de estos grupos de criminales a sueldo, de estos grupos que salieron a las calles a quemar, a quebrar, porque pretendían, nuevamente, y no por primera vez, crear un caos de tal intensidad con esta versión 2024 de Guarimba que les acertó a los gringos y sus aliados. justificará. Intentar establecer una fuerza militar en Venezuela y tratar de convertir a Venezuela en una guerra, en una zona de conflicto”, le dijo a un periodista español.
Lo dicho por Maduro se repitió como parte de un discurso oficial de la misma semana de hechos que atribuyó las muertes a un ataque llevado a cabo por la oposición en lo que las autoridades calificaron como un plan subversivo.
Sin embargo, se trata de una matriz en la que el gobierno -y sus seguidores- tienden a influir en la imagen de la oposición y acusarlos penalmente de terrorismo e incitación, replicados en portales de información y cuentas de redes sociales.
Del total de fallecidos, 28, según el balance realizado por la Fiscalía General el 2 de diciembre de 2024, dos corresponden a oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, según datos del Ministerio Público publicados el 11 de agosto.
Este reportaje del canal de noticias estadounidense CNN del 30 de julio, presenta declaraciones de Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional, y del Presidente Maduro de ese día, en las que culpan a la oposición por la violencia postelectoral. Maduro responsabilizó a González Urrutia y María Corina Machado, coordinadores de Vente Venezuela y líderes de la oposición, “por los criminales, por los heridos, por los muertos, por la destrucción”.
Rodríguez acusó a la oposición de pagar a grupos criminales para causar zozobra en el país y solicitó penas de prisión para Machado y González Urrutia.
“El gobierno mantiene una narrativa negacionista para restar importancia a los informes de abusos a los derechos humanos y desviar la atención de las pruebas que apuntan a su responsabilidad. A través de declaraciones infundadas, tergiversaciones y desinformación, altos portavoces del gobierno han intentado desacreditar los hechos documentados por organizaciones nacionales e internacionales, ” Lo que aprendimos en 2024 sobre la desinformación en Venezuela”, señala el portal Cazadores de Fake News en la publicación.
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, señaló que “no existe un solo cargo que vincule este hecho criminal a grupos de seguridad del Estado con muertes y heridos. Antes de ellos hubo grupos terroristas pagados a los que no les importa matar al azar”, afirmó. dicho.
Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, han incluido en su agenda las acciones violentas de los días posteriores a las elecciones del 28 de diciembre.
El 30 de julio, Volker Turk dijo: “Estoy alarmado por los informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley, así como por los informes de violencia por parte de individuos armados conocidos como colectivos”. Varios manifestantes sufrieron heridas de bala y se confirmó la muerte de uno el 29 de julio. Más denuncias están pendientes de verificación. “Los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas.”
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Victims Monitor, que monitorea los delitos violentos en el país, cifró el número de muertos en 24 al 21 de agosto a raíz de las protestas postelectorales; La gran mayoría procedentes de armas de fuego y efectos similares. Según sus registros, entre los perpetradores se encontraban “combinados”, soldados y policías.
“La información recabada por el Monitor de Víctimas indica que uniformados están involucrados. Junto a Ramírez Castillo, en estos hechos han muerto doce personas a manos de fuerzas estatales. Diez de ellos son de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (FANB) fueron imputados: siete del ejército, dos de la Guardia Nacional y uno de la mixta, donde presuntamente participaron en una matanza junto a policías. Otras seis víctimas de persecución fueron asesinadas a tiros por la supuesta banda. No se pudo determinar a los autores de las cinco muertes”, señala la publicación.
Es falso, entonces, que la oposición sea responsable de todas las muertes del 29 y 30 de julio de 2024, como le comentó Maduro a Ignacio Ramonet en una entrevista transmitida el 1 de enero de 2025. El discurso forma parte de la narrativa oficial con la que se criminaliza a la oposición y, por tanto, se la acusa penalmente por el presunto intento de golpe de Estado de los comandos.
*Venezuela opera en un ambiente hostil para la prensa con decenas de instrumentos legales para castigar la palabra periodismo, en particular leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está escrito considerando las amenazas y límites que, como resultado, se imponen a la difusión de información desde el interior del país.
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