La fiscalía anticorrupción solicitó una multa de 160 millones de euros para la empresa Duro Felguera y sus dos expresidentes en el marco de una causa abierta en la audiencia nacional para investigar denuncias de soborno para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, los fiscales del caso solicitaban una pena de prisión de 8 años y 9 meses para el exviceministro venezolano Narvis Villalobos, además de una multa de 3,6 millones de euros.
A fojas 90, y luego de un análisis detallado de los hechos, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa limitaron sus acusaciones a 11 personas naturales y una persona jurídica (Duro Felguera) y resaltaron que durante la investigación, otro exviceministro venezolano imputado, Javier Ochoa Alvarado, “colaboró activa y eficazmente con la administración de justicia” debido a que “no sólo admitió los hechos sino que aportó información que permitió esclarecer los hechos de los investigados y responsables de ellos”. Por lo tanto, indican que se deben aplicar factores mitigantes.
De hecho, para Ochoa Alvarado la pena de 3 meses de prisión y la multa de 1,6 millones de euros están sujetas a intereses, mientras que los intereses para los expresidentes del grupo español –Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres– ascienden a 1,6 millones de euros. Hasta 10 años y 4 meses.
La agencia anticorrupción y los dos ex ejecutivos también solicitaron al tribunal de sentencia que los inhabilite para contratar con el sector público y para recibir subsidios y asistencias gubernamentales por 2 años de beneficios e incentivos fiscales o de seguridad social.
En la carta, los fiscales también solicitaron una pena de 2 años y una multa de 1,5 millones para María Consuelo Pardi -ex esposa de Ochoa Alvarado- y 2 años y 9 meses de prisión para la esposa de Villalobos, Milagros Coromoto Torres.
En cuanto a los delitos atribuidos a los investigadores anticorrupción, el documento enumera hasta una decena de ellos, que giran en torno a estadísticas sobre delitos persistentes de corrupción en transacciones comerciales internacionales, falsificación de documentos comerciales y blanqueo de capitales.
Datos investigados
La fiscalía recuerda en su escrito que los incidentes investigados se remontan a 2009, cuando se produjo una “gran crisis energética en Venezuela” que motivó restricciones y la declaración de “emergencia eléctrica”. Los fiscales indican que, “como una de las soluciones para paliar esta emergencia, la administración venezolana ha decidido construir la termoeléctrica 'Planta El Cito' en Santa Lucía (en el estado Miranda)” con el objetivo de abastecer la Gran Caracas. 4,5 millones de habitantes.
“Para la adjudicación de esta obra, el entonces Ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, pudo contratar a la empresa española Duro Felguera” y “ésta, a cambio, se comprometió a pagar varios pagos a los funcionarios del gobierno venezolano que determinaron la adjudicación”. “, dijeron, añadiendo que fueron Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres quienes “decidieron pagar en nombre de Duro Felguera”.
Detallaron que, para la construcción de la planta, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro, la cual “firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas cuyo objeto era ocultar el pago de comisiones o sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, con el fin de interesar el citado negocio.
Específicamente, señalaron que a Villalobos se le pagaron al menos 105,6 millones de dólares a través de “empresas intermediarias” para que “pudiera usar su poder para influir en la administración venezolana en beneficio de la empresa”.
Sostienen que el monto fue pagado en tres cuotas desde diciembre de 2008 hasta marzo de 2013 y fue un “pago útil” desde un cargo que desempeñaba la imputada Luis Carlos de León Pérez, Julia van der Bruhl. Al igual que Javier Ochoa Alvarado, entre otros, y con los contactos de Narvis Villalobos, “la UTE se beneficiará de la oferta presentada por Termocentro”.
El juez de instrucción, en la denuncia, sostuvo que ese “trato de favor” obtenido a través de los presuntos sobornos permitió a Duro Felguera obtener el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro por valor de 1.500 millones de dólares.
DURO FELGUERA niega que existan indicios
Fuentes de la empresa dijeron a Europa Press en enero, cuando se confirmó el procesamiento de la empresa, que nada de lo realizado en la investigación indicaba que el grupo hubiera actuado de forma inapropiada o contraria a las normas legales vigentes.
“No existe ningún material, expediente, prueba o indicio de que Duro Felguera sea responsable de acto delictivo alguno”, señalaron.
Por el contrario, señalaron, las operaciones del Grupo “encuentran su fundamento de acuerdo con los compromisos contractuales legales y las normas legales y corporativas aplicables”.
“Todo ello ha sido aprobado mediante peritajes de peritos independientes”, añadieron.