America Evalúa reimposición de sanciones contra Venezuela Después de que la Corte Suprema del país confirmó la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado, anunció el sábado un portavoz del Departamento de Estado.
Washington anunció el año pasado una flexibilización de las medidas contra Caracas en el sector del petróleo y el gas, pero “Ahora está revisando” su política de prohibición “a la luz de este hecho” y otras que apuntan a “candidatos antidemocráticos y de la sociedad civil”.dijo el portavoz Matthew Miller.
Para Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que descalificó a un candidato “que ganó una primaria demócrata de oposición, Se opone a promesas hechas por representantes de (presidente) Nicolás Maduro Celebrar unas elecciones presidenciales justas en 2024”
El portavoz destacó que Machado “no fue informado de las acusaciones en su contra y no tuvo oportunidad de responder”.
“Aquí La decisión altamente alarmante es contraria a los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en el marco del Acuerdo de Barbadosque estableció una hoja de ruta electoral y permitió a todos los partidos seleccionar a sus candidatos para las elecciones presidenciales”, indicó el Departamento de Estado.
La Corte Suprema de Venezuela aprobó el viernes una inhabilitación política contra Machado, quien fue elegido en unas primarias como candidato de la oposición para enfrentar a Maduro en una elección presidencial prevista para el segundo semestre.
La decisión fue tomada por el TSJ en un proceso creado bajo presión de Estados Unidos Las personas inhabilitadas que “desean competir” en las elecciones presidenciales pueden impugnar la prohibición En su contra.
Más temprano, el TSJ también aprobó la inhabilitación de Henrique Capriles, quien se enfrentó al expresidente Hugo Chávez en 2012 y a Maduro un año después.
Hay incompetencia política Una de las viejas armas del chavismo es dejar de lado a sus rivales. Son impuestas por la Contraloría, facultada por ley para actuar contra funcionarios investigados, aunque la Constitución establece que sólo una sentencia judicial “específicamente firme” inhibe a los aspirantes a la presidencia.