Las autoridades no han explicado qué ocurrió en Rodeo Eye, por qué se suspendieron las inspecciones y la recepción de paquetes el fin de semana pasado. Familiares de presos políticos exigen “fe de vida” y reactivan visitas para comprobar el estado de salud de los detenidos
Familiares de presos políticos detenidos en el contexto postelectoral acudieron a la sede del Ministerio Público la mañana de este miércoles 18 de diciembre para denunciar las violaciones de derechos de las que fueron sometidos los presos. La semana pasada la desinformación y el hermetismo sobre lo que estaba sucediendo en Rodeo Eye, una prisión en el estado de Miranda, cuando se suspendieron las visitas, dejó a sus allegados en el limbo y la angustia.
Hiovanka Ávila, hermana de Henriberth Rivas, preso político detenido en 2018 por el caso del dron, dijo ritmocual Que desde el pasado jueves 12 de diciembre los presos “empezaron a gritar desesperadamente por las noches, y no sabemos qué está pasando realmente”. Gritaban 'libertad, justicia y asesinos' y eso da mucho que pensar”.
Ávila comentó que el uso de la palabra “asesino” los preocupó, ya que fueron gritos que se continuaron desde el jueves 12 de diciembre hasta la tarde del domingo 15 de diciembre, y se preguntó qué pudo haber pasado dentro del penal para desencadenar esta situación.
“¿Se están portando mal o se les está privando de comida? “¿Ha habido violencia dentro del penal?”: Estas son algunas de las preguntas que Ávila y otros familiares tienen y no tienen respuesta.
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Las autoridades penitenciarias no han explicado qué pasó con Rodeo I, y los familiares afirman tener “fe por la vida” y garantizan que la visita, pospuesta el fin de semana pasado, es la única forma de verificar el estado de salud del recluso.
Debido a la falta de información y la imposibilidad de comunicarse con los presos, el temor de las familias es cada día mayor. Hiovanka Ávila denunció que los presos se encuentran incomunicados sin posibilidad de realizar llamadas telefónicas ni enviar cartas. Además de la inspección, a Parcell también se le negó la entrada al Rodeo I el fin de semana pasado.
“Cuando fui a almorzar no podía comer porque no sabía si mi hermano había comido. Dormir era imposible; la hermana de Henribarth Rivas admitió: “Estábamos todos preocupados por lo que pudiera pasar adentro”.
El silencio de las autoridades ha alimentado la desconfianza entre los familiares de los presos políticos, quienes dicen sospechar de los administradores y funcionarios penitenciarios porque previamente han proporcionado información contradictoria. “Me mintieron”, dice Ávila, quien insiste en que la única forma de comprobar si su hermano está bien es “verlo y hablar con él directamente”.
Otros familiares de presos políticos recluidos en Rodeo me aseguraron que “hay muchas personas en mal estado de salud que no han sido atendidas”. Se quejaron ante la Fiscalía por las terribles condiciones de detención, el trato cruel a los presos y expresaron preocupación por el riesgo para la vida y la integridad de los presos.
Apoyados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los familiares presentaron ante el Ministerio Público documentos que acreditan la inocencia de los presos, luego de las protestas iniciadas el 29 de julio que expresaron su descontento con los resultados emitidos por el Consejo Nacional, que convirtió a Nicolás Maduro en el ganador de las elecciones presidenciales para un tercer mandato.
Comportamiento humillante y humillante.
Los familiares de otros detenidos, que se encuentran en otros centros de detención, también siguen condenando las condiciones en las que se mantiene a sus familiares. La madre de Junior Arrieta, Jenny Barrios, dijo que no vio a su hijo por más de 12 días luego de que fuera trasladado del penal de Yare (Miranda) al de Toquito (estado Carabobo). Esta familia es del Reino de Julia.
Arrieta fue arrestada acusada de recibir 2.000 dólares de la líder opositora María Corina Machado para financiar a comandantes opositores, pero Barrios negó los cargos y denunció que su hijo fue trasladado sin orden judicial al penal de Toquito, donde también se encuentra recluido su sobrino. José Leonardo Chirino, también acusado por un concejal comunitario de atacar una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ambos fueron encarcelados el 3 de agosto.
Jenny Barrios denunció los registros a los que fueron expuestos en prisión: “Nos registraron nuestras partes íntimas con linternas y teléfonos sin saber si nos estaban grabando o alumbrandonos. “Fue una experiencia humillante, fue una pena, fue una pena. “El trato más inhumano que he visto jamás”, afirmó y denunció las dificultades económicas que afrontó para visitar a su hijo y su incapacidad para pagar su tratamiento neurológico.
“Tuve que vender arepas y rifas para pagar el viaje. Le pido al presidente (Nicolás Maduro) que recuerde su origen humilde, que vea el sufrimiento de madres como yo, que perdí mi trabajo, que se ponga la mano en el corazón y liberar a nuestros niños”, añadió.
Organizaciones de derechos humanos exigen a las autoridades venezolanas garantizar la integridad física y mental de los detenidos, así como el acceso a sistemas básicos de comunicación y visitas periódicas.
Tres reclusos murieron en diferentes cárceles en cuestión de semanas en protestas postelectorales. Sus familiares afirman que esto ocurrió por falta de tratamiento.
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