Caracas Al Dia
FundaRedes define como sumamente grave y alarmante la situación de vulnerabilidad e indefensión donde mujeres, niñas y adolescentes de comunidades indígenas y zonas rurales de la frontera venezolana se encuentran expuestas a actividades esclavistas por parte de grupos armados irregulares y organizaciones criminales. La aparente falta de interés del Estado venezolano en garantizar sus derechos fundamentales.
Según el más reciente boletín publicado por la organización: “Mujeres Indígenas y Campesinas Víctimas de Violencia por Grupos Armados Irregulares en Territorio Venezolano”, la vida de las mujeres en las zonas agrícolas de la frontera y la vida de las comunidades indígenas continúa siendo marginada. , ha sido añadido. Escaso acceso a recursos de salud combinado con inseguridad física y alimentaria, falta de transporte, falla o ausencia de servicios públicos, violencia y opresión.
“El Estado venezolano es responsable de la violencia sistemática contra las mujeres campesinas sin prevenir la explotación sexual y laboral que llega al escenario de la esclavitud, así como otras formas de violencia instauradas en las zonas rurales de los estados fronterizos por la mirada pasiva. Funcionarios de seguridad del Estado y agentes que en ocasiones incluso ejercen control sobre ellos en connivencia con los grupos de obras”, señala el estudio.
De igual forma, FundaRedes destaca que la minería ilegal ha utilizado a las mujeres como esclavas sexuales y laborales.
“La zona minera que rodea el arco minero del Orinoco se ha convertido en un caldo de cultivo para actividades delictivas como la trata de personas y la explotación laboral y sexual de niñas, adolescentes y mujeres adultas que sufren todo tipo de hostigamiento en medio de su precariedad. a cargo del Estado”.
Según testimonio de trabajadores de Funderades en el estado Bolívar citados en la investigación, en los alrededores de la desembocadura del río Orinoco desde Arro se dan todo tipo de desmanes: “Sus niñas son prostitutas, que son controladas por la guerrilla. Hay tres grupos que controlan diferentes comunidades que los reclutan ofreciéndoles una vida mejor, que los van a casar, que les van a dar tierras a sus padres para que puedan cultivar y ese es el (trabajo) ELN (Ejército de Liberación Nacional) . A las niñas las obligaron, algunas se escaparon, pero es difícil, la gente tiene miedo porque las pueden matar”.
El estado Bolívar -aseveran diversas organizaciones de derechos humanos- se ha convertido en tránsito y destino de mujeres y niñas en torno a la minería del Orinoco y víctimas de delitos como trata y explotación sexual, esclavitud, trabajos forzados, mutilaciones, desapariciones e incluso asesinatos. Arc, bajo la atenta mirada de los agentes destacados en -al menos- 17 puntos de control y seguridad.
Las mujeres están completamente desprotegidas por el estado.
La situación de vulnerabilidad de las mujeres tanto en el arco minero del Orinoco como en la frontera occidental colombo-venezolana -dice Fundaredes- sí es alarmante, pero más alarmante es la indiferencia del Estado.
“Cada día mueren mujeres y niñas a manos de mafias de trata, grupos armados irregulares y bandas criminales conformadas en muchas zonas por policías y militares venezolanos llamados a proteger y garantizar los derechos humanos”.
Ante estas situaciones de violencia, maltrato e indefensión, FundaRedes considera que el Estado venezolano no garantiza condiciones de vida adecuadas a las mujeres venezolanas que viven y trabajan en las minas fronterizas y zonas rurales y por ende incumple lo establecido en la Constitución. , la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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