La Alianza Justicia y Verdad señaló que al menos 65 recomendaciones del proceso independiente de la ONU apuntaban a una reforma judicial integral, fortalecimiento institucional, garantías de acceso a la justicia y rendición de cuentas, así como derechos integrales de reparación y medidas de protección para las víctimas.
Las constantes recomendaciones de varios procesos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y la justicia en Venezuela han caído en saco roto. Según la coalición Justicia y Verdad, la administración de Nicolás Maduro ha incumplido 180 recomendaciones al respecto.
Las recomendaciones son un “reflejo del proceso de erosión del estado de derecho, especialmente del poder judicial”, así como de la insistencia del Estado venezolano en no cooperar con los procesos internacionales, dijo la coalición de 18 organismos nacionales e internacionales. ONG en su informe “No puede haber justicia sin recomendaciones”.
Las recomendaciones identificadas fueron emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, misiones de investigación y exámenes periódicos universales, que evidencian “una crisis multidimensional sin precedentes en el país, caracterizada por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. derecho, la privación generalizada de los derechos económicos y sociales.” y por el deterioro de las instituciones democráticas y de justicia”.
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La coalición señaló que al menos 65 sugerencias para los procesos de la ONU apuntaban a una reforma judicial integral, fortalecimiento institucional, garantías de acceso a la justicia y rendición de cuentas, así como el derecho a mecanismos integrales de reparación y protección para las víctimas.
Además de la falta de voluntad para realizar cambios reales en el sistema de justicia, las ONG han indicado que no existe ningún intento por parte del Estado de reducir la impunidad por las violaciones de derechos humanos. Condenaron “el establecimiento de un sistema de última generación que no va acompañado de una acción correctiva genuina y que permite que el poder judicial siga funcionando como un vehículo efectivo del poder ejecutivo”.
“Actualmente, la efectividad de los principales órganos encargados de denunciar delitos y casos relacionados con violaciones de derechos humanos en el país se ha visto seriamente comprometida. Asimismo, se afecta la voluntad de estas organizaciones de investigar de manera independiente”, señaló la coalición de ONG.
Esta situación destacada en el informe consolida las condiciones estructurales que limitan sustancialmente el acceso a la justicia en el país. “Lo mismo ocurre con un tribunal decisorio, que actúa en un contexto de grave inseguridad jurídica en su posición y corre el riesgo de recibir represalias por sus acciones. Nada de esto realmente se ha abordado hasta la fecha”.
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