La revuelta de los reclusos en las 51 cárceles del país era un hecho esperado por los expertos. Periodista Luna Perdomoaclara que las condiciones carcelarias son un problema que se ha agravado en al menos una década
En la primera semana de junio, presos de 51 prisiones y calabozos en Venezuela iniciaron una huelga de hambre para protestar por los traslados arbitrarios y no consultivos y las demoras procesales. Una situación que viene empeorando desde hace al menos una década y que también se ve agravada por las condiciones de hacinamiento y el escaso acceso a la atención sanitaria.
Esta vez contada por la periodista Luna Perdomo CocuyoClaroyRaspao Este jueves 13 de junio se llevará a cabo el evento organizado por Luz Meli Reyes y Javier Coscozuela, director Offeto Cocuyo y miembros de la redacción decual, respectivamente
Son centros penitenciarios de 17 estados los que se sumaron a la protesta, solo no participaron los estados Nueva Esparta, Apure, Amazonas y Delta Amacuro. Uno a uno se fueron sumando, rechazando la incertidumbre que sentían en el recinto.
Siguiendo estadísticas compartidas por organizaciones de la sociedad civil, se estima que hay alrededor de 70 mil reclusos en toda la región, incluyendo cárceles y celdas policiales, pero la capacidad de estos centros es sólo para 14 mil reclusos, lo que representa el 200% de las prisiones generales. y 300% en las mazmorras.
El periodista recuerda que hace un año, con el plan Gran Cacique Guaicaipuro, se cerraron 7 recintos penitenciarios, lo que agravó la situación de hacinamiento en otros penales que recibieron traslados. Además, algunos reclusos fueron trasladados a centros más lejanos, “y si sus familiares no pueden viajar para cuidarlos, quedan en una situación mucho más precaria”, afirmó.
“No es sólo el hacinamiento y los retrasos procesales lo que los familiares piden a las autoridades que atiendan, sino también las condiciones inhumanas de los detenidos, como el deterioro de la salud, la desnutrición y la falta de agua potable”, añadió.
A la fecha se estima que existen alrededor de 50.000 presos que dependen del Ministerio de Servicios Penitenciarios, sin embargo, no existe un registro oficial del número de presos que hay en el país ni de cómo están distribuidos. Los cálculos son parte de investigaciones realizadas por expertos y organizaciones.
Nombramiento de nuevos ministros
Cabe señalar que esta protesta derivó en la destitución de la ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, designada por el presidente Nicolás Maduro en 2023. Ahora su puesto lo ocupará el abogado Julio García Zerpa, quien no tiene experiencia en el área penitenciaria.
Tras el nombramiento, el jefe de Estado no mencionó la huelga de presos, aunque destacó que el cambio tenía como objetivo “acabar con la corrupción dentro del sistema penitenciario”.
Por lo que Perdomo recuerda que en el local no sólo hay corrupción, sino también armas, drogas, otras irregularidades. Donde la única forma de mantenerlo es el consentimiento de las autoridades.
Exigen justicia
Los desposeídos dijeron que su principal motivo de protesta es hacerles justicia, respetar sus derechos y acelerar el proceso judicial en cada uno de sus casos.
“Debemos recordar que los presos tienen derechos humanos y su vida está bajo responsabilidad del Estado, garante de que tienen derecho a la alimentación, a la circulación y a obedecer la ley”, afirmó el periodista de Talqual.
“Antes la mayoría de los prisioneros morían en conflictos armados, ahora es por enfermedades, las principales condiciones son la tuberculosis, el VIH y otras complicaciones que se propagan rápidamente, donde también se suma la desnutrición por el nivel de abandono”, continuó explicando. .
¿Qué sugieren los expertos?
Algunas de las recomendaciones de los expertos en temas penitenciarios para acabar con los retrasos procesales son realizar un censo real, para conocer el número de presos que hay en el país, sus sentencias, los que tienen retrasos procesales, la etapa de su proceso y su estatus. La corte
Transmitir este balance públicamente para que todos sean conscientes y sumar jueces y defensores públicos itinerantes que contribuyan a agilizar los procesos judiciales.
En lugar de cerrar cárceles, la recomendación es crear más instalaciones, donde los sistemas de salud, educación, trabajo, cultura y deporte funcionen adecuadamente, brindando herramientas para reintegrarse a la sociedad de manera positiva.
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