con una espátula
Luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificara las políticas de deportación del gobierno de Biden, la normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló el enfoque y las prioridades que tendrán estas acciones.
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De acuerdo con estos lineamientos, los operativos para arrestar y detener a inmigrantes indocumentados se enfocarán en inmigrantes que hayan cometido delitos graves en el país o que ingresaron ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020. “Priorizaremos la detención y deportación de no ciudadanos que representen una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”, explicó Mayorkas en un documento interno.
Las regulaciones del DHS sobre deportación dictan que cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detienen a una persona indocumentada, deben evaluar si “presentan una amenaza para la seguridad pública”, así como “el alcance, la gravedad y el momento de la actividad delictiva” que comete el inmigrante, puede tener lugar antes de proceder con los trámites de deportación correspondientes.
Además de este primer criterio, los agentes deben considerar factores atenuantes, como el entorno familiar, el estado de salud, la relación de la persona con la comunidad, evidencia de rehabilitación social e incluso si la persona en cuestión es probable que reciba algún tipo de asistencia pública.
“Confío en la fuerza laboral de ICE y confío en el liderazgo del equipo. Tengo confianza en mi propio liderazgo y en mis esfuerzos por contactar a los agentes y discutir estos mismos temas con ellos”, dijo el secretario Mayorkas al enviar el comunicado en septiembre del año pasado, que refuerza los lineamientos previamente anunciados en febrero de 2021.
Con estas determinaciones, la Corte estableció que la falta de documentación que acredite el estatus legal en los Estados Unidos no debe ser la “única razón” para una orden de deportación. Por tanto, las decisiones de los agentes de detener y expulsar a una persona deben estar justificadas por otras circunstancias agravantes que impliquen razones de seguridad.
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